Los presidentes de México, Cuba, Venezuela y el presidente electo de Argentina, que avalaron el fraude electoral realizado por el ex presidente boliviano Evo Morales el 20 de octubre, ahora están denunciando lo que llaman un “golpe” en Bolivia.
¿Pero fue la renuncia forzada de Morales un “golpe”? ¿O fue una restauración legítima del estado de derecho después de que un presidente inconstitucional se robó una elección? En otras palabras, ¿puede haber un “golpe” contra un golpista?
Estas son preguntas importantes por razones que van mucho más allá de la crisis de Bolivia. Plantean la cuestión de si una potencial exigencia militar de que se realicen elecciones libres en Venezuela, Nicaragua, Cuba u Honduras sería un golpe de estado, o todo lo contrario, una medida legítima para restaurar el orden constitucional.
Para ser claros, contrariamente a quienes admiran al difunto dictador chileno Augusto Pinochet o a Fidel Castro, creo que no existe tal cosa un “buen” golpe, o un “buen” dictador.
Es por eso que a lo largo de los años he criticado los golpes tanto de derecha como de izquierda, incluidos el de Pinochet, el del dictador argentino Jorge Rafael Videla y el de 2002 contra el difunto hombre fuerte de Venezuela, Hugo Chávez.
Pero en todos esos casos, los militares derrocaron o forzaron la renuncia de presidentes democráticamente electos.
Comparativamente, Morales era un presidente inconstitucional, que cometió fraude en las elecciones del 20 de octubre.
Aquí están los hechos:
Primero, según la constitución vigente cuando Morales asumió el cargo en 2006, solo podía servir dos términos consecutivos. Pero Morales coaptó el sistema de justicia para cambiar las reglas y postularse para un tercer mandato. Esa fue su primera gran violación del estado de derecho.
En segundo lugar, en 2016, celebró un referéndum para poder postularse para un cuarto mandato consecutivo. Morales perdió el referéndum, pero ignoró sus resultados. Esa fue su segunda gran violación de la voluntad del pueblo.
Tercero, después de haber perdido el referéndum, Morales esgrimió el insólito argumento de que impedirle postularse para un cuarto mandato violaría sus derechos humanos. Hizo que el Tribunal Constitucional, repleto de adeptos suyos, validara su argumento. Esa fue su tercera gran violación del estado de derecho.
Cuarto, Morales se robó las elecciones del 20 de octubre, tal como lo confirmaron los propios observadores electorales extranjeros invitados por su gobierno, y la empresa privada contratada por el régimen para auditar los resultados electorales.
A las 8 de la noche del día de las elecciones, el tribunal electoral dejó de anunciar misteriosamente los resultados, cuando estaba claro que Morales no ganaría en la primera vuelta. Era vox populi que Morales no ganaría una segunda vuelta, porque la mayoría de los candidatos de la oposición se unirían en su contra.
El sistema permaneció caído durante las siguientes 23 horas. Cuando se reanudaron los resultados oficiales al día siguiente, Morales había revertido milagrosamente la tendencia de los votos, y ahora se perfilaba como ganador en primera vuelta. Esa fue la gota que rebasó el vaso, y motivó que la gente saliera a protestar.
Una misión de observación electoral de 92 miembros de 24 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el propio Morales había invitado al país determinó que los resultados oficiales eran dudosos, y recomendó que se realizara una segunda vuelta.
Morales disputó el fallo de la misión de observación de la OEA y acordó permitir una nueva misión de auditoría de la OEA de 30 miembros, que la oposición de Bolivia denunció como parcializada a favor de Morales. Sin embargo, la nueva misión de auditoría también concluyó que Morales no había ganado limpiamente.
En resumen, si los militares que recomendaron que Morales renunciara para evitar un derramamiento de sangre permanecen en el poder, será un golpe de estado. Pero si se respeta la línea de sucesión constitucional y un nuevo presidente interino convocó nuevas elecciones en 90 días, será una medida para restablecer el orden constitucional que había violado Morales.
