La reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el paquete de reformas legales aprobado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 a finales del año y el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en curso «abren nuevas oportunidades» para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Así lo aseguró la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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La afirmación la hizo la también exmandataria chilena al presentar el jueves 17 de marzo una nueva actualización oral sobre el país ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el cual, no obstante, advirtió que todavía «falta mucho por hacer» para que los venezolanos puedan disfrutar de sus garantías fundamentales y para castigar a quienes se las han violado.

Bachelet afirmó lo siguiente:

«La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores. En particular, la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, (…) pueden conducir a una transformación institucional significativa».

Sobre el proceso de designación de los magistrados, Bachelet afirmó que «es una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial de Venezuela» y, por eso, llamó «a las autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesional de las y los candidatos en el proceso de selección».

La visión optimista de la Alta Comisionada contrasta con las reservas de otros organismos internacionales, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e incluso parece no estar en consonancia con los hechos sobre el terreno. Así en el caso de la PNB, hasta el momento se desconocen cambios concretos, pese a que ya tiene un año bajo reestructuración. Por su parte, en lo relacionado con la renovación del TSJ, a la funcionaria parece no preocuparle el hecho de que la AN electa en 2020 abrió las puertas a la reelección de los actuales magistrados, algo no previsto en la Constitución y que el Comité de Postulaciones Judiciales sigue secuestrado por funcionarios públicos a pesar de que la Constitución señala que solo deber constituida por miembros de la sociedad civil.

Del mismo modo, y sobre la reforma al Código Orgánico de Justicia Militar, que ahora prohíbe el juicio de civiles en tribunales castrenses, la alta comisionada no consideró la sentencia de la Sala Constitucional, dictada con posterioridad a ese cambio legal, en la que esa instancia judicial señaló que cuando un juez militar quiera juzgar a un civil lo puede hacer siempre que motive su decisión, sin mencionar el artículo del Código que expresamente prohíbe esto, en una grosera muestra de cómo persiste la intención de juzgar a civiles a pesar del cambio legal realizado.

Más allá del papel

Bachelet, sin embargo, dejó en claro que los cambios en el papel no son suficientes. «Estas reformas policiales y judiciales deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de Derechos Humanos del pasado y evitar que se repitan», dijo.

Asimismo, denunció ante el Consejo que el paquete de leyes aprobado por el Parlamento a finales de 2021 no ha significado una mejora sustancial en el disfrute de derechos como el debido proceso y al juicio justo y en libertad. Al respecto, Bachelet admitió lo siguiente:

«Al menos 6 personas permanecen bajo detención pese a contar con boletas de excarcelación, y al menos 22 han solicitado su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención. De los casos decididos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 12 personas siguen detenidas».

Esto último debe destacarse en la medida que demuestra que de nada sirve cambiar las leyes y reconocer derechos para las víctimas y los perseguidos políticos, si en la práctica, como queda demostrado por la propia alta comisionada, dichos cambios no se reflejan en la realidad.

Michelle Bachelet también reclamó a las autoridades venezolanas que garanticen a todas las personas detenidas «acceso a una atención médica adecuada». La petición parecía ser una referencia, entre otros, al caso del exministro de la Defensa, general (r) Raúl Isaías Baduel, quien el año pasado falleció bajo custodia al contagiarse de COVID-19, según la versión oficial.

Ataques y más ataques

En su informe oral, Bachelet admitió que los ataques por parte de actores estatales contra las voces disidentes continúan. «Mi Oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas», expuso, al tiempo que expresó preocupación por la situación del director de Fundaredes, Javier Tarazona, cuya salud, afirmó, estaría afectada.

En otra muestra de cómo el contexto de persecución continúa, la alta comisionada instó «fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela», y de este modo denunció al Consejo que en los últimos meses ocho emisoras han sido cerradas, ocho programas de radios han sido cancelados y siete sitios web han sido bloqueados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La funcionaria no solo reportó las amenazas contra la disidencia, sino el creciente clima de violencia que se vive en las zonas fronterizas y mineras debido a la presencia de grupos armados no estatales (disidencias guerrilleras colombianas) y bandas delictivas. Bachelet expresó especial preocupación por la situación que se vive en el estado Apure, donde

«los enfrentamientos (…) han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos, muchos de ellos indígenas. Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de los pueblos indígenas».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

En su último informe oral, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos intentó realizar un complicado juego de equilibrismo. La exmandataria no solo se limitó a exponer la persistencia de los graves peligros que enfrentan los venezolanos, en especial aquellos que disienten del Gobierno, sino que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos la batería de medidas y anuncios que en los últimos meses han realizado las autoridades, posiblemente con la intención de comprometerlas a ejecutarlas, lo que todos esperamos sea el caso.

Sin embargo, no se puede ignorar que muchos de los cambios y reformas anunciados o ya aprobados, en especial en el ámbito judicial, o ya probaron en el pasado no ser efectivas o simplemente parecen estar diseñadas a no atacar problemas como la falta de independencia judicial, que podría ser reforzada. Más allá de las críticas y cuestionamientos al contenido del informe de Bachelet, en especial por los temas que no figuran en él, consideramos importante que este tipo de reportes continúen produciéndose, pues estos reportes no solo mantienen la crisis venezolana vigente ante la comunidad internacional, sino que además contradicen el discurso oficial de «mejoras» que no existen en la realidad.