«Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende». La canción del grupo español Jarabe de Palo ha probado ser cierta. Al menos esa es la sensación que deja la última actualización sobre la situación de Venezuela que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
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Michelle Bachelet, presentó en el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional y en la cual parece haber preferido ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío.
La exmandataria chilena destacó como un hecho positivo la reciente visita al país de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, la bielorrusa Alena Douhan. No obstante, obvió el detalle de que en 2019 las autoridades venezolanas se comprometieron con su despacho a permitir, al término de dos años, que diez mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pudieran constatar in situ la realidad del país y en que la viven sus habitantes.
Pese a que año y medio después de alcanzado este acuerdo, solamente Douhan ha podido viajar a Venezuela y hasta ahora no se ha informado de nuevas visitas, Bachelet no reprochó al Gobierno de Nicolás Maduro su lentitud para honrar su palabra y se limitó a decir: «sigo promoviendo visitas adicionales de otros mandatos este año para que se enfoquen en una amplia gama de derechos humanos».
Los funcionarios venezolanos pretenden achacar la pavorosa crisis económica y social que atraviesa el país a las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y algunos países latinoamericanos han impuesto en los últimos años. La visita de la relatora Douhan reforzó esta línea argumentativa, pues a juicio de la experta, las medidas impuestas por otras naciones tienen un «efecto devastador» sobre el pueblo venezolano.
Mejor tarde que nunca
Bachelet también acogió «con beneplácito» la nueva imputación a los presuntos asesinos del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió en junio de 2019 mientras estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). En efecto, a finales de 2020, el Ministerio Público señaló a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate, por los cargos de homicidio calificado con alevosía y tortura.
La nueva imputación se produjo tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que dejó sin efecto la imputación original por homicidio preterintencional que había hecho el despacho dirigido por Tarek William Saab.
El fallo se produjo tras el duro informe que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU emitió en septiembre pasado, en el cual se aseguraba que el oficial habría muerto debido a los malos tratos que recibió de sus captores y se criticaba la actuación del Poder Judicial.
«El Poder Judicial no ha actuado como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. La mayoría de las violaciones y crímenes documentados por la Misión no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de los presuntos responsables. A pesar de recibir información de que las víctimas habían sido torturadas, los y las fiscales y jueces no investigaron ni sancionaron esos actos. Hay motivos razonables para creer que esas omisiones se vieron afectadas por la falta de independencia judicial».
Pasito a pasito
La alta comisionada Bachelet resaltó el hecho de que funcionarios de su despacho hayan podido visitar cinco centros de detención desde septiembre pasado y se mostró esperanzada, porque en el corto plazo puedan ir «a prisiones militares y el centro de detención de los servicios de inteligencia» para verificar sus condiciones.
La situación de los privados de libertad fue el asunto al que más tiempo le dedicó Bachelet en esta ocasión. Una de las pocas exigencias que les formuló a las autoridades en esta oportunidad fue la siguiente:
«Acojo con satisfacción las medidas para proporcionar a algunos detenidos acceso a algunos exámenes médicos e insto a darle seguimiento con asistencia médica y a compartir oportunamente los informes médicos con los abogados y familia. Esta práctica, así como el contacto regular con los miembros de la familia, y los abogados y el acceso adecuado al agua y los alimentos, debe ser estandarizada en todos los lugares de detención».
Al respecto, no puede olvidarse que durante 2020 unos 208 reclusos perdieron la vida mientras estaban detenidos en centros policiales, de acuerdo con la organización Una Ventana para la Libertad, la cual denunció que 69% de los decesos se produjo debido a enfermedades perfectamente tratables y por las condiciones de insalubridad y falta de alimentos en las que se encuentran los privados de libertad.
El pronunciamiento de Michelle Bachelet fue en respuesta a la resolución 45/2 que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 6 de octubre de 2020, en la cual se instaba al Gobierno venezolano a reforzar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, un texto que fue propuesto por Irán, Turquía, Siria y por la propia Venezuela.
Lo anterior posiblemente explica por qué Bachelet no se haya referido a asuntos como los sucesos ocurridos en la parroquia La Vega, en los que un grupo de las polémicas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) habría realizado una operación contra la delincuencia que actúa en la zona, dejando a veintitrés personas fallecidas, de las que se sospecha que algunas fueron ejecutadas extrajudicialmente, según las informaciones manejadas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Bachelet tampoco habló sobre el proceso contra los activistas de la organización Azul Positivo, quienes a principios de enero fueron aprehendidos y señalados de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales por su labor humanitaria. Tras pasar casi un mes tras las rejas fueron dejados en libertad condicional.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Ahora más que nunca es crucial la supervisión y monitoreo de los organismos internacionales debido a la grave crisis humanitaria que vive el país. La falta de institucionalidad hace que la cooperación y la presión internacional sean fundamentales para subsanar las causas del drama que padecemos los venezolanos, el cual tiene su raíz en el desmantelamiento del Estado de derecho y de la democracia llevado a cabo por quien detenta el poder en el país desde hace más de dos décadas.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como otros organismos de protección de derechos humanos juegan en Venezuela un rol fundamental, por cuanto el drama que atraviesa el país es un problema no solo nacional sino regional, pues afecta a otros países del continente.
