Michelle Bachelet informó este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que sigue recibiendo denuncias de ejecuciones extrajudiciales que habrían ocurrido en operativos de seguridad en Venezuela. La alta comisionada pidió a las autoridades investigar en particular la muerte de al menos 14 personas en el barrio La Vega, en Caracas, durante un operativo policial en enero pasado.

EB / Idaed / eltiempo

Según Provea, una organización de la sociedad civil venezolana, 23 personas habrían muerto en ese operativo en el que participaron las Fuerzas Armadas Especiales (Faes), cuya disolución había sido recomendada por Bachelet en 2019 debido a la gravedad de las reiteradas denuncias en su contra, que las vinculan con ejecuciones de jóvenes en barrios marginales y con manipulación de evidencia para simular que ocurrieron en enfrentamientos.Muertes en cautiverio

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos también manifestó su preocupación por la muerte de personas privadas de la libertad, como consecuencia de enfermedades como la tuberculosis o por desnutrición. De igual manera, aseguró que “garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”, un indígena pemón que falleció el pasado 3 de enero en una cárcel del estado de Miranda.

“Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos”, dijo Bachelet, y reiteró su llamado a liberar sin condiciones “a todos aquellos detenidos arbitrariamente”.

Al mismo tiempo, acogió con beneplácito que las autoridades hayan permitido el acceso de su equipo, presente en el país, a los centros de detención policial, y saludó las medidas adoptadas “para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento”, de las que no dio ninguna precisión adicional.

Represalias

Por otro lado, la alta comisionada indicó que investiga las denuncias de hostigamiento y represalias contra individuos y organizaciones que han cooperado con diferentes instancias de la ONU, como su propia Oficina o la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela.

“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas y más ONG están siendo investigadas por motivos similares”, informó Bachelet. Se confirmó que se trata de los miembros de la organización Azul Positivo, quienes fueron liberados el pasado 10 de febrero tras casi un mes de detención, y de las organizaciones Convite AC, Caracas mi Convive, y Alimenta la Solidaridad.

La comisionada precisó que este clima hostil para la sociedad civil no se limita a quienes han cooperado con la ONU: “Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”.

“Esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”, dijo Bachelet.

En el mismo sentido, afirmó que en enero hubo por lo menos tres operaciones de registro e incautación contra medios de comunicación y que en el contexto de las elecciones legislativas del 6 de diciembre documentó 15 casos de acoso a periodistas.

La alta comisionada manifestó haber documentado “declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto”, durante ese mismo proceso electoral, por lo que recordó a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar la participación en las elecciones regionales venideras. “El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones”, concluyó.La respuesta de Venezuela

El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, sostuvo que la información presentada por Michelle Bachelet no había sido verificada. “Preocupa a Venezuela que la alta comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido debidamente comprobados con las autoridades, a pesar de la presencia de la Oficina en el terreno”, dijo Constant.

Aun así, el diplomático aseguró que su país seguirá trabajando con la alta comisionada: “El equipo de su Oficina en Venezuela recibe el pleno apoyo y cooperación de todos los órganos competentes del Estado, la cual se fundamenta en los principios del derecho internacional y del respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.