La Alta Comisionada de la ONU se emocionó al escuchar los relatos de secuestros, torturas y ejecuciones durante un encuentro con familias de las víctimas de la represión chavista
“Michelle Bachelet estaba muy conmovida por las historias que se contaron. Lloró al escuchar la narración del familiar de uno de los presos políticos”. Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens (encarcelado desde hace 10 meses), se convirtió anoche en una de las piezas clave en el encuentro de las familias de las víctimas con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana de Caracas.
Una cita que se desbordó de descarnada realidad, con relatos de secuestros, torturas y ejecuciones, tras una jornada en la que el chavismo sometió a Bachelet a una interminable sucesión de reuniones con sus jerarcas, desde generales a ministros, pasando por los principales aliados de Nicolás Maduro. Un torrente de discursos encorsetados para justificar el derrumbe económico y social del país y la vulneración constante de los derechos humanos.
La ex presidenta chilena fue una de las miles de víctimas de Augusto Pinochet: a su padre le encerraron, torturaron y asesinaron; ella misma y su madre sufrieron torturas durante dos meses en Villa Grimaldi, uno de los centros de reclusión más perversos de la dictadura militar.
“Que a través de sus buenos oficios usted recupere la dignidad del pueblo venezolano, liberando a los presos políticos y que se dejen de violar los derechos humanos, no sólo de los presos políticos sino también de los venezolanos que sufren. Se lo pido de corazón”, resumió Requesens ante la funcionaria de la ONU y su equipo.
Bachelet confirmó a las asociaciones civiles y ONG la apertura de una oficina de derechos humanos de la ONU en Caracas durante al menos tres meses. “Abrir una oficina de la Alta Comisionada es positivo, dos de sus funcionarios permanecerán en Venezuela. Pero para nosotros es importante obtener resultados, la liberación de presos políticos y cesar la persecución”, ha concretado Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, quien ha añadido que se trabaja en estos momentos en la liberación de presos políticos.
Varios de los presentes han confirmado la emoción y empatía que Bachelet sintió ante unos relatos desgarradores, entre los que también se encontraban las madres de los niños muertos por falta de tratamiento contra el cáncer en el Hospital J. M. de los Ríos. “Yo no puedo hacer milagros, pero velaré porque se haga justicia”, respondió la ex presidenta chilena durante la reunión.
En lo que va de semana, el chavismo ha liberado a 28 de los 715 presos políticos que comenzaron la semana en las mazmorras revolucionarias. Entre ellos el diputado Gilber Caro, quien también se reunió con Bachelet. El parlamentario, que permaneció 53 días recluido en una celda del Helicoide, solicitó a la Alta Comisionada que le acompañara a visitar a los presos políticos encarcelados en el propio Helicoide y en La Tumba, la otra cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). “También le comenté sobre el sufrimiento que hoy vivimos los venezolanos”, ha añadido el dirigente de Voluntad Popular, quien fue encarcelado en 2017 por el Comando Antigolpe pese a su inmunidad parlamentaria. Caro sufrió entonces un año y medio de reclusión injusta y arbitraria.
Soley Zambrano también reclamó a Bachelet para que interceda por la libertad de su padre, Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional detenido en la última arremetida chavista contra el Parlamento.
En su segunda y última jornada en el país, Bachelet se reunirá por separado con Nicolás Maduro y con Juan Guaidó, mientras en la calle las organizaciones civiles y distintos gremios han convocado una protesta frente a las oficinas de la sede de Naciones Unidas. “Bachelet se va hoy y siguen los problemas, pero creo que es importante que los casos no queden silenciados”, ha resumido Carlos Trapani, coordinador de Cecodap.
El Foro por la Vida, que agrupa a varias de las ONG más importantes del país, ha hecho público un documento conjunto en el que solicita que el informe de la ONU, que se hará público en la primera semana de julio, refleje “con firmeza la grave situación de los derechos humanos que se vive en Venezuela“, a la vez que exigen al Estado “abstenerse de cometer cualquier tipo de acciones que intenten criminalizar, acosar y detener a las personas que hayan colaborado con el sistema de Naciones Unidas en el marco de la visita”.
