El sector asegurador debe estar atento a un conjunto de actividades y profesiones que son vulnerables a la legitimación de capitales, conocido también como lavado de dinero.
IDAED / El Universal.
Al respecto, la Oficial de Cumplimiento de Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) de Seguros Venezuela, Angélica Torres, explicó que entre estas actividades están “los casinos, los agentes inmobiliarios, profesionales por cuenta propia como abogados y contadores, las empresas y personas que trabajan con metales y piedras preciosas, los inversionistas independientes que participan en la Bolsa e incluso los proveedores de criptoactivos”.
Destacó que estas actividades y profesiones son vulnerables porque pueden recibir fondos provenientes de actos de corrupción, narcotráfico, tráfico de personas, e incluso ser usados para financiar grupos terroristas.
Torres precisó que las empresas aseguradoras están en la obligación de reportar cualquier actividad sospechosa a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), que es el órgano que recopila, procesa y analiza estos datos, y que luego los refiere al Ministerio Público.
“En Seguros Venezuela aplicamos la debida diligencia al hacer el monitoreo y asignar el perfil de riesgo de nuestros clientes y de quienes solicitan la cotización de nuestros productos. Si detectamos cualquier irregularidad aplicamos el protocolo pertinente, y de esta forma, velamos por una sociedad más sana”, manifestó.
Nueva normativa
Torres indicó que las autoridades venezolanos han hecho un esfuerzo por ponerse al día en cuanto a la normativa para enfrentar el problema de la legitimación de capitales. “Muestra de ello es que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) emitió la Providencia Administrativa No. SAA-8-004-2021”.
Precisó que esta providencia incluye las Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la actividad aseguradora.
Esa normativa, que entró en vigencia el 17 de mayo de este año, tras su publicación en la Gaceta Oficial Nº 42.128, pide al sector asegurador implementar un sistema integral de administración de riesgos en esta materia, así como realizar los ajustes necesarios en su estructura y procesos.
Sin embargo, Torres señaló que los grupos de delincuencia organizada operan en todo el mundo y cuentan con recursos y herramientas que vulneran los esfuerzos de las autoridades de los países. “Venezuela suma esfuerzos para frenar estas actividades ilícitas y las empresas consideran cada día más estos riesgos”, aseveró.
