La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que convocará a una Consulta Popular con dos objetivos centrales: que el pueblo venezolano «autorice y respalde todas las acciones nacionales e internacionales necesarias para poner fin a la usurpación, elecciones libres y la salvaguarda de los crímenes de lesa humanidad” y “rechace el fraude” de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre.
A la hora de fundamentar la decisión, el primer vicepresidente del cuerpo legislativo convocado por la oposición, Juan Pablo Guanipa, indicó que la iniciativa “es una de las tantas manifestaciones que se deben concretar, es acudir a quien ejerce la soberanía para que quede claro el repudio a Maduro”.
Y agregó: “Estamos desarrollando un plan de movilización nacional e internacional que permitirá incrementar en unidad la presión necesaria para que se produzca el anhelado cambio político”.
El anuncio tiene lugar un día después de que la Unión Europea le reiterara a la dictadura que no reconocería los comicios si no los aplazaba -y diera de esa manera tiempo suficiente para formar una misión de observación- y que el régimen se negara una vez más a hacerlo.
El gobierno interino de Juan Guaidó, en tanto, ha rechazado participar en ellos de un principio, alegando que no están dadas las condiciones para que se desarrollen de manera transparente.
“A fraudes no nos vamos a prestar. Los que dudaron han dicho incluso que si no viene la UE no participan. La UE lo dejó claro: no van a participar del fraude”, afirmó Guaidó el miércoles durante una declaración dirigida al presidente argentino Alberto Fernández, donde le pidió explicitar si hacía suyas las palabras del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quien relativizó el reciente informe de la ONU que da cuenta de la represión ilegal en el país caribeño.
Y agregó: “No podemos voltear la cara mientras hay un genocidio silencioso en Venezuela. No podemos relativizar el dolor. No hay neutralidad en materia de derechos humanos, en materia de la dignidad y los derechos fundamentales”.
El último informe de la ONU señala a lo largo de 21 páginas Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El informe ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
La Misión de la ONU constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un lista, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.
La pesquisa también detalló 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) arrestó, detuvo y torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación.
Además, detallan que las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición, en la comisión de delitos.
Idaed
