Arabia Saudí estudia en sus leyes la amputación por robo, la lapidación para adúlteros y la decapitación por asesinato o terrorismo.

Arabia Saudí ha hecho saber que va a abolir el castigo de flagelación de su sistema penal y sustituirlo por cárcel o multas. Así consta en un documento interno del Tribunal Supremo del que este domingo se hacen eco los medios saudíes.

Además, el país dejará de imponer la pena capital para aquellos que cometan delitos cuando eran menores. “Cualquier persona que reciba una sentencia de pena de muerte por delitos mientras eran menores, él o ella no podrá ser ejecutado.

En su lugar, se impondrán penas de cárcel no superiores a diez años”, dice un decreto del rey Salmán citado por la agencia Reuters.

Los activistas, que acusan al Reino del Desierto de no respetar los derechos humanos, a menudo centran sus críticas en el sistema judicial y la crueldad de los castigos físicos que aún impone. “Funcionarios de derechos humanos, abogados y saudíes de a pie celebran la abolición de la flagelación como pena judicial por parte de los tribunales del reino”, asegura el diario Arab News al dar cuenta de la información.

La intención de anular los latigazos como castigo se ha presentado como parte de las reformas emprendidas por el rey Salmán y su hijo y gobernante de hecho, el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán (MBS).

No hay datos sobre con qué frecuencia los tribunales utilizan la pena de flagelación que en el pasado se ha visto aplicada a acusados de embriaguez en público, acoso o disidencia.

A falta de un texto penal codificado, los jueces tienen un amplio margen de maniobra para interpretar la ley islámica (sharía); a menudo una tanda de azotes complementa otros castigos.

Tal fue el caso del librepensador y bloguero Raif Badawi quien, tras ser declarado culpable de insultar al islam y violar las leyes cibernéticas saudíes, fue condenado a 10 años de cárcel, 1.000 latigazos y una multa de un millón de riales (230.000 euros) a finales de 2014.

Para más inri, la propia sentencia establecía que la flagelación se llevara a cabo en sesiones de 50 azotes semanales. La condena internacional y las noticias de que estuvo al borde de la muerte tras la primera tanda (realizada en una plaza pública y de la que se filtró un vídeo) frenaron el resto por prescripción médica.

“Esta reforma es un paso trascendental en la agenda de derechos humanos de Arabia Saudí y apenas una de las 70 llevadas a cabo en los últimos cinco años en el reino”, ha declarado Awwad Bin Saleh al Awwad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (un órgano oficial), en referencia al acceso al trono del rey Salmán.

Desde entonces, la monarquía ha introducido llamativas y largamente esperadas medidas como restringir los poderes de la policía religiosa, levantar la prohibición de que las mujeres conduzcan, la ley contra el acoso o la relajación del sistema de tutela.

Pero la detención de disidentes o meros críticos, incluidas las activistas por el derecho a conducir, o el asesinato en el consulado de Estambul del periodista Jamal Kashoggi ponen en duda el objetivo de la reforma.

De hecho, poco antes de que se filtrara a la prensa la supresión de la pena de flagelación, se conoció la muerte el pasado viernes de Abdullah al Hamid, uno de los más prominentes activistas políticos saudíes.

Al Hamid, que se encontraba encarcelado desde 2013, sufrió un derrame cerebral que sus colegas atribuyen a falta de atención médica.

Sin duda, las autoridades del reino han comprendido el grave daño que la flagelación causa a su imagen. Sin embargo, para los activistas de derechos, abolirla es un pequeño paso en la necesaria humanización de un corpus penal que sigue incluyendo la amputación por robo, la lapidación para adúlteros y la decapitación por asesinato o terrorismo.

“Es un cambio bienvenido, pero debería haberse producido antes. No hay nada que impida a Arabia Saudí reformar su injusto sistema judicial”, ha declarado Adam Coogle, vicedirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch, citado por Reuters.

En su informe sobre la pena de muerte en 2019, Amnistía Internacional sitúa a Arabia Saudí como el tercer país con mayor número de ejecuciones (184), después de China (miles) e Irán (251), ambos con una población mucho mayor. Además, desde la llegada al trono de Salmán, se han duplicado las ejecuciones respecto a los cuatro años anteriores, según Reprieve.