La pandemia de COVID-19 condujo a una paralización inicial del país en marzo de 2020, incluida la justicia venezolana, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó escasas y tardías medidas para evitar que esto se extendiera durante el resto de año.

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Se llega a esta conclusión al revisar los pocos datos contenidos en el informe de gestión que el presidente del máximo juzgado, magistrado Maikel Moreno, presentó durante el acto de apertura de actividades judiciales de 2021.

Aunque el también presidente de la Sala de Casación Penal dijo que la Sala Plena, «a través de sus resoluciones», garantizó la «prestación del servicio de justicia a pesar de las condiciones generadas por la pandemia y en el marco del Estado de Emergencia», los números que ofreció el 22 de enero parecen contradecirlo.

Moreno informó que el año pasado las distintas salas del TSJ dictaron 1.215 sentencias (30 correspondieron a la Sala Plena, 274 a la Constitucional, 339 a la Civil, 128 a la Social, 169 a la Penal, 70 a la Electoral y 205 a la Político Administrativa). Este número de decisiones es 58% inferior al logrado por el organismo rector del Poder Judicial en 2019, cuando resolvió 2.893 «asuntos», según los datos que el mismo funcionario aportó en el acto de apertura judicial de 2020.

Un hecho que refuerza las sospechas de que el derecho al acceso a la justicia no fue garantizado cabalmente en los últimos doce meses fue la omisión sobre cuántos casos recibió y resolvió el resto del Poder Judicial. Moreno se limitó a informar que los juzgados penales, los cuales sí trabajaron, aunque bajo el mecanismo de «guardia», celebraron 127.340 audiencias y tomaron 178.536 decisiones. En 2019, y por primera vez en varios años, el presidente del TSJ informó que a los distintos juzgados ingresaron 368.283 causas y fueron decididos 435.229 asuntos. 

Asimismo, el hecho que la Inspectoría General de Tribunales realizara casi cuatro veces menos inspecciones a los juzgados, al pasar de 316.056 en 2019 a 76.964 en 2020, demuestra que el Poder Judicial estuvo prácticamente paralizado.

El 16 de marzo de 2020 el TSJ decidió cerrar el grueso de los juzgados y suspender los lapsos procesales, en acatamiento al estado de alarma decretado por el Gobierno. Solamente algunos tribunales penales permanecieron de guardia para atender asuntos urgentes. De la misma manera, las salas Constitucional y Electoral trabajaron para recibir amparos. En su momento Acceso a la Justicia puso en duda que estas medidas pudieran garantizar el funcionamiento del sistema de administración de justicia.

Palabras sin sustento

El presidente del TSJ resaltó que durante 2020 el organismo acordó el «uso de los medios telemáticos» para «la realización de actos de comunicación y otros de carácter jurisdiccional inherentes a la fase de investigación e intermedia en los procesos penales», y además «permitió el uso del sistema de videoconferencia, junto a las aplicaciones telemáticas disponibles, para la tramitación de asuntos nuevos y en trámite en los tribunales civiles y en los de protección de Niños y Adolescentes».

Tras aseverar que con estas medidas «estamos mejorando el acceso a la justicia de los ciudadanos que acuden a los tribunales, así como también eliminamos la carga burocrática que muchas veces genera mecanismos de corrupción», Moreno declaró que «antes, desde que se iniciaba un trámite hasta su sentencia transcurrían años, ahora en solo 96 horas en promedio se dicta una decisión».

Sin embargo, el funcionario no precisó cuántos casos se han recibido a través del llamado Despacho Virtual que el TSJ puso en marcha en los tribunales civiles y mercantiles en julio pasado ni cuántos se han resuelto.  

Apenas fue en octubre pasado, tras casi siete meses cerrados, cuando la Sala Plena del TSJ comenzó a sacar al Poder Judicial del confinamiento, al permitirle laborar durante las semanas de flexibilización y utilizar «los medios telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles» para tramitar las causas nuevas y pendientes.

La ausencia de datos en el informe de Moreno no solamente impide verificar la eficacia de las medidas adoptadas por el TSJ, sino que además representa una violación del artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia, el cual estipula lo siguiente:

«El Sistema de Justicia y los órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período. En tal sentido, deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, así como la descripción de las actividades realizadas durante este período».

Más amenazas y peticiones

Pese a que en su discurso el presidente del TSJ saludó la iniciativa de la nueva Asamblea Nacional (AN), la cual está bajo control total del chavismo, de impulsar una comisión de diálogo con todos los sectores, advirtió:

«El pueblo de Venezuela debe tener certeza que el mecanismo de diálogo no será una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho a la patria (…) aquellos que intentaron utilizar del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley. Aquellos que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos de todos los venezolanos, bloquear las operaciones de PDVSA y regalar Citgo encontrarán en cada juez del Poder Judicial un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar sus acciones. No puede haber reconciliación sin perdón y no existe el perdón sin justicia».

Estas palabras entran en contradicción con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que «Los jueces deben abstenerse de expresar, y aun de insinuar privadamente, su opinión respecto de los negocios que por la Ley son llamados a fallar».

A continuación, pidió al nuevo Parlamento revisar el marco legal vigente, para hacerlo «más simple y funcional». En particular abogó por la reforma del Código Penal, del Código de Procedimiento Civil, de leyes contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, contra la Corrupción y contra las Drogas.

«Requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país», dijo, para luego agregar:

«Debemos adaptar los procedimientos judiciales a la nueva realidad tecnológica mundial, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia, contribuir a la celeridad procesal y destruir el burocratismo judicial, debiendo privilegiar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los casos donde por la simplicidad de los hechos y la reclamación evidente del derecho se pueda evitar la judicialización de estos asuntos».

Por último, volvió a dejar en claro su alineación con el Gobierno al felicitar a Nicolás Maduro por su manejo de la pandemia y al invitarlo a tomar la palabra en el acto para dar un discurso a los jueces. Esto era algo que no se estilaba hasta 2012, cuando la entonces presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, invitó al presidente Hugo Chávez a tomar la palabra.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La paralización de la justicia no hace más que agravar el endémico retardo procesal que padece el país, el cual es, según expertos, una de las causas de problemas como el hacinamiento carcelario y la impunidad. El hecho que el grueso de los juzgados haya permanecido cerrado durante meses impidió a millones de venezolanos resolver situaciones relacionadas no solo con su libertad individual, sino también, por ejemplo, conflictos como divorcios o demandar a sus patronos por algún incumplimiento laboral.

El caso de Carlos Jiménez es un ejemplo muy claro de lo antes descrito. El 9 de junio falleció en el Centro de Reclusión de Procesados Judiciales 26 de julio, ubicado en el estado Guárico, aun cuando en enero había cumplido su condena de diez años de cárcel. Continuó preso, porque no hubo transporte para llevarlo ante el Tribunal de Ejecución de San Fernando de Apure donde cursa su expediente, y esto no se corrigió durante la cuarentena y el estado de alarma.

Por último, la falta de información adecuada impide a los académicos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos de a pie ejercer la llamada contraloría social sobre el Poder Judicial y velar por que las medidas que ha venido tomando en el contexto de la pandemia de COVID-19 en realidad funcionen.