La Misión de Verificación de la ONU, encargada de hacer el seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc, encendió las alarmas frente a las condiciones de violencia que se vive en varias zonas del país, lo que se ha convertido en el principal obstáculo para implementar lo pactado en Cuba.

RL / Idaed / Semana

En su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que le alientan los beneficios de la paz de los que fue testigo durante su visita a Colombia, pero reiteró su preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan los excombatientes.

Aunque el informe resalta que los asesinatos de excombatientes han disminuido en 27 % en el último año, al pasar de 74 en 2020 a 54 en 2021, señala también que hay una tendencia creciente de amenazas por grupos armados ilegales contra excombatientes que participan en iniciativas colectivas, afectando sus proyectos productivos y cooperativas.

Por ejemplo, según resalta el documento, el 17 de diciembre, a raíz del aumento de las amenazas de grupos armados ilegales, más de 40 excombatientes y sus familias que aún residían en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de La Macarena (Meta) tuvieron que ser trasladados urgentemente por el Gobierno a Caquetá.

“El día del traslado, presuntos miembros de un grupo armado ilegal dispararon al convoy que transportaba a los excombatientes e incineraron un vehículo. No obstante, todos los residentes llegaron ilesos al nuevo emplazamiento. También se necesitan soluciones urgentes para el traslado concertado de otros tres antiguos espacios territoriales del Cauca y el Putumayo que enfrentan situaciones de inseguridad, pero todavía no se han identificado predios para trasladarlos”, señala Guterres.

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 34 defensores y defensoras de los derechos humanos (siete casos verificados y 27 en proceso de verificación). También, se documentaron siete masacres que dejaron 29 víctimas, sumando 56 masacres y 222 víctimas en 2021.Antonio Guterres, secretario general de la ONU (Justin Lane/Pool Photo via AP) – Foto: AP

Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta que, en 2021, aproximadamente 72.600 personas fueron desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente.

Cinco años después de la firma del Acuerdo Final, la violencia contra excombatientes sigue siendo la principal amenaza para su transición a la vida civil. Hasta diciembre del año pasado, según la ONU, había sido asesinados 303 excombatientes, incluidas diez mujeres. Además, 79 excombatientes (incluidas cuatro mujeres) habían sido víctimas de intentos de homicidio y 25 han sido reportados como desaparecidos (todos ellos hombres).

“La ausencia de una presencia efectiva del Estado en partes del territorio en algunas regiones, como Argelia (Cauca) o Buenaventura (Valle del Cauca), ha hecho que se intensifiquen las disputas entre los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales por el control social, territorial y estratégico, lo cual ha agravado aún más la violencia contra la población civil, socavado la gobernanza y alterado la vida de comunidades enteras”, indica el documento.

Avances

Sobre el proceso de reincorporación, el secretario general destaca, no obstante, que entre los elementos más importantes del Acuerdo están los que crean las condiciones para la transición a la vida civil de excombatientes que dejaron las armas y siguen comprometidos con la paz, señalando que pudo escuchar sus esperanzas y preocupaciones de primera mano durante su visita.

Durante este periodo, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó ocho proyectos productivos colectivos y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización aprobó 370 proyectos individuales.

El informe reporta que, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, casi el 59 % de los más de 13.000 excombatientes acreditados, incluyendo el 64 % de las mujeres excombatientes, participan en proyectos productivos.

El informe menciona los avances en los preparativos para la implementación del mandato de la Misión sobre la verificación de las sanciones propias que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y destaca que el Gobierno ha reafirmado su compromiso de brindar el apoyo y los recursos necesarios, y que está colaborando con la JEP.

Asimismo, se destacan desarrollos importantes en el marco el trabajo de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, incluido el reconocimiento de responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública acusados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Caso 03, conocido como el de “falsos positivos”.

En referencia al proceso electoral de 2022, el secretario general confía en que los colombianos y dirigentes políticos del país puedan reconocer que el logro de una paz duradera no puede seguir siendo motivo de desacuerdo.

“Dado el devastador costo humano de más de cinco décadas de conflicto entre el Estado y las antiguas FARC-EP, es una obligación moral garantizar el éxito de la paz en Colombia, que tanto ha costado conseguir”, concluye el secretario general.

El informe del secretario general será presentado por el representante especial del secretario general en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 20 de enero de 2022.