El intento de arresto del presidente interino Juan Guaidó y la detención de uno de sus más cercanos colaboradores políticos, esta semana, revelan un intento del régimen de Nicolás Maduro de minar la unidad de sus detractores de cara al proceso formal de negociaciones que iniciaría en México el próximo mes, opinan analistas.
EB / Idaed / albertonews
Fuerzas de seguridad del oficialismo venezolano arrestaron la tarde del lunes al diputado electo en 2015 y dirigente nacional del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, y uniformados intentaron -en vano- hacer lo propio minutos luego con Guaidó, a quien 50 gobiernos consideran presidente interino del país.
El accionar policial contra ambos líderes opositores en Caracas ocurre en momentos en que era inminente el anuncio oficial de un proceso de diálogo entre Maduro y sus opositores, con la mediación de actores internacionales, como el Reino de Noruega. Las negociaciones se materializarían en México a partir de agosto, según refirieron fuentes políticas a la prensa local.
José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas en las universidades Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, valora esos hechos como parte de un proyecto pensado por el oficialismo venezolano para afectar el curso de las negociaciones políticas de alto perfil y la unidad de su oposición.
“Desde hace varios años, Maduro ha estado tratando de construirse una oposición a la medida. Lo que él quiere llevar a México es su propia oposición, que es la que le ha venido acompañando en los eventos electorales que se han realizado en Venezuela y que no cuentan con respaldo ni reconocimiento de la comunidad internacional”, expone el analista a la Voz de América.
Carrasquero se refiere a un grupo de dirigentes políticos que formaban parte hasta el año pasado de partidos prominentes de la oposición venezolana, como Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, que disintieron de las estrategias opositoras y lograron acuerdos electorales y políticos con Maduro.
Miembros de ese grupo, como los diputados José Brito, Luis Parra y Bernabé Gutiérrez, participaron horas luego del arresto de Guevara en una reunión televisada entre Maduro y la llamada comisión de paz, diálogo y reconciliación del Parlamento electo en diciembre, de mayoría oficialista.
Según Carrasquero, Maduro recurre a estrategias semejantes a las aplicadas por el gobierno cubano, uno de sus principales aliados regionales, para condicionar la composición de la delegación opositora que iría a México.
“Maduro busca unos políticos que lo reconocen como presidente, que reconocen todas las tropelías que ha realizado como legítimas, y son los que quiere llevar a México, porque, en la medida en que los tiene, puede tratar de presentarse ante el mundo como un demócrata que quiere diálogo”, considera.
Posición adelantada
Maduro ratificó el lunes su disposición de enviar delegados a dialogar en México, pero condicionó su participación en las negociaciones a que sus opositores “renuncien a planes violentos” contra su gobierno.
La exigencia se suma a su lista tradicional de tres demandas para el diálogo con la oposición: que Estados Unidos levante sus sanciones económicas; que todos los involucrados lo reconozcan como presidente y también al resto de las instituciones del Estado venezolano, como el Parlamento electo en 2020; y que se liberen los recursos congelados a su poder ejecutivo en el exterior.
Maduro, sin embargo, sopesó la idea de incluir la petición de que participen en las negociaciones “todos los sectores políticos que quieran incorporarse”.
Enderson Sequera, director estratégico de la firma consultora Politiks, opina que las acusaciones del gobierno madurista contra dirigentes opositores guardan relación con las negociaciones políticas en ciernes.
