El Presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, Jorge Rodríguez, sometió a votación la moción contra Isabel Brilhante Pedrosa, a quien, el gobernante, Nicolás Maduro, ya había pretendido expulsar de ese país en junio de 2020.
EB / Idaed / dw
El nuevo Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, pidió este martes (23.02.2021) al gobierno de Nicolás Maduro declarar persona «non grata” y expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, tras sanciones del bloque contra 19 funcionarios venezolanos.
La unicameral Asamblea Nacional (AN) aprobó un «acuerdo de repudio» contra estas sanciones y plantea «exhortar» a Maduro a «declarar persona no grata a la jefa de la delegación diplomática» de la Unión Europea (UE) en el país sudamericano, Isabel Brilhante Pedrosa y, con ello, proceder a su «expulsión».
El texto, aprobado por unanimidad, insta además a revisar el acuerdo de funcionamiento de la oficina de la UE en Caracas.
«¡Mis dos manos levanto para que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea», clamó Jorge Rodríguez, el oficialista presidente del legislativo, antes de llevar a votación del acuerdo.
Venezuela primer país latinoamericano sancionado por la UE
Las últimas sanciones afectan, entre otros funcionarios, a Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, jefa del Consejo Nacional Electoral; y a dos congresistas.
Lo anterior, después de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los principales partidos políticos de oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.
La votación dio al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños.
El pasado 29 de julio, después de otro paquete de sanciones, Maduro declaró persona «non grata” a Brilhante Pedrosa y le dio entonces 72 horas para abandonar el país. Sin embargo, cuando se cumplía ese plazo, el gobierno socialista dio marcha atrás, pero pidió «gestos» del bloque a cambio.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que, desde entonces, ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos.
