La providencia n° 001-2021 con fecha del 30 de marzo emitida por el régimen de Maduro busca que las ONG se registren ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo para proporcionar información compromete su libertad de operación.

EB / Idaed / albertonews

De acuerdo con esta normativa, estas organizaciones deberán entregar datos sobre su personal, donantes, beneficiarios y movimientos financieros.

Ante este hecho, Amnistía Internacional y otras 600 ONG venezolanas exigieron a la dictadura derogar cuanto ante este decreto por considerar que avala la criminalización y  persecución contra estos grupos.

La norma entraría en vigencia a partir del primero de mayo de 2021, sin embargo, las luchadores sociales esperan que no se haga efectiva.

“De lo contrario deberán enfrentarse a procesamiento penal, según la nueva normativa sobre lucha antiterrorista y la legislación sobre delincuencia común organizada anunciadas por el gobierno el 30 de marzo”, denunció en un comunicado Amnistía Internacional.

“Estas medidas incluyen que las organizaciones revelen detalles sobre sus beneficiarios y beneficiarias, como por ejemplo las víctimas de violaciones de derechos humanos y quienes reciben ayuda humanitaria, así como información sobre su financiación, personal y gobernanza”, agregó la ONG.

En marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, ya había advertido de las iniciativas para imponer restricciones a la capacidad de actuación de las ONGs, que incluye la congelación de activos. “Pido que se reanuden los proyectos suspendidos. Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, documentó.

Según denunció Amnistía Internacional, la medida decretada por el régimen además viola el derecho de asociación, el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. “También pone a las organizaciones de la sociedad civil y a sus beneficiarios y beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias”, alertó la ONG.

La normatividad decretada establece la posibilidad de ilegalización de las organizaciones, y quien incumpla con la medida podría ir a la cárcel. Esto pone en peligro a cientos de ONGs que ayudan a millones de ciudadanos venezolanos en temas tan esenciales como la alimentación y el acceso a medicinas.

De acuerdo con la organización, la normativa es sub-legal, ya que “trata de una providencia administrativa con rango normativo inferior incluso a reglamentos y resoluciones, pero impone a las organizaciones de la sociedad civil obligaciones no contempladas en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano”.

Además, la nueva medida dictatorial “omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones sin fines de lucro”.

“Esta norma arbitraria y abusiva pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que dan apoyo a los sectores más vulnerables de la población, más en un momento en que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la precaria situación de salud agravada por el COVID19 y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. De no ser derogada será un pésimo antecedente para el país y la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.