Aunque los países de la región están tratando de adecuarse a las normas internacionales para enfrentar la elusión y la evasión fiscal, todavía no dan los pasos necesarios, dijo a Sputnik el ingeniero economista Rodolfo Bejarano, coautor de un trabajo sobre el tema.
“Hay varios países de la región que ha ido adaptándose a las iniciativas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) pero todavía no se toman medidas adecuadas para que logren implementar medidas efectivas en contra de la evasión y la elusión”, explicó Bejarano, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, y especialista en temas de fiscalidad.
Bejarano publicó días atrás, junto al sociólogo y especialista en economía política Jorge Coronado, el informe “Transparencia fiscal de las multinacionales en América Latina”, que analiza cómo la evasión y los privilegios fiscales son factores que promueven la desigualdad en la región.
“Que entre un 25 y un 40%, en promedio de los países de la región, de lo que debería recaudarse por IVA (Impuesto al Valor Agregado) se pierda por evasión es un dato alarmante, que debería provocar una movilización ciudadana para recuperar esa cantidad de recursos, que está erosionando en forma estructural las finanzas públicas de nuestros Estados”, consignan los autores en el informe.
Según dijo Bejarano que el grado de transparencia fiscal de cada uno de los países determina la facilidad o la dificultad de la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas transnacionales, “pero también el lavado de dinero y las actividades criminales” que suelen estar ligadas a estas prácticas.
“En muchos países se han otorgado y se siguen otorgando beneficios fiscales, es decir, beneficios tributarios de los que gozan las empresas, básicamente las de inversión extranjera, y eso genera para los Estados un gasto tributario que muchas veces no se sabe cuánto es lo que se pierde el Estado por estos incentivos y mucho menos a quiénes están dirigidos”, señaló el especialista, coordinador de investigaciones en Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd).
El trabajo cita datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), correspondientes a 2017, que revelan una pérdida regional anual de 6,3% del Producto Interno Bruto, unos 335.000 millones de dólares, debido a la evasión del IVA y del impuesto sobre la renta.
“Ello representa una cantidad de dinero exorbitante que tiene un impacto directo en el desfinanciamiento de políticas y servicios públicos de calidad y universales, lo que tiene una relación también directa en el aumento de la pobreza, la exclusión y el agravamiento de la desigualdad”, afirman los autores en el informe.
Según Bejarano, es difícil determinar qué empresas son las que sacan rédito de estos beneficios fiscales, lo que se agrava en los casos de las multinacionales que operan en varios países.
Además, añadió, muchas de estas empresas llevan sus dineros a guaridas fiscales, creando empresas fantasmas para la supuesta realización de negocios y transacciones, privando a los países de ingresos por tributación.
“Esconden su riqueza, sus activos, y hay operaciones inclusive falsas entre empresas del propio grupo; todo sirve para trasladar los recursos y las ganancias desde un país hacia estas jurisdicciones que son bastante opacas, que no permiten una buena información, y se facilita porque se pueden crear empresas-fachada muy fácilmente. Y eso perjudica a nuestros países, que es donde se genera el valor de las actividades que realizan las empresas”, explicó.
Desde 2013, la OCDE viene impulsando el proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios), que apunta a acabar con el secreto bancario y financiero.
Se conoce como BEPS a la práctica de aprovecharse de los vacíos legales para transferir las ganancias obtenidas en un país a guaridas fiscales o a otras jurisdicciones con escasa o nula tributación.
Este proyecto está plasmado en un documento de 15 puntos, conocido como Plan BEPS, que promueve entre otros aspectos los reportes país por país y la publicación de los datos de los llamados “beneficiarios finales” de las personas jurídicas, es decir, quiénes están detrás de las empresas.
Según el informe, algunos países latinoamericanos, en especial aquellos que pretenden ingresar a la OCDE, están adecuando sus legislaciones para cumplir con los requerimientos del organismo.
“Perú y Colombia quieren ser parte de la OCDE y por ese motivo han estado avanzando un poco en sus normativas para facilitar que haya más transparencia; ahí hay compromisos de parte de los Estados para ir avanzando en estas iniciativas de transparencia”, destacó Bejarano.
El informe analiza los casos de Colombia, Costa Rica, Perú y México, y destaca que “no todos los países están preparados” para adaptar su normativa a los requerimientos de la OCDE.
El informe “Transparencia fiscal de las multinacionales en América Latina” es una publicación conjunta de la Internacional de Servicios Públicos y la fundación Friedrich Ebert.
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