Andreina Rodríguez

De cara al proceso de negociación que se desarrolla en México, quisimos conversar con el Doctor Alejandro Rebolledo, Director del Instituto de Altos Estudios del Derecho, destacado académico y jurista venezolano y quien fue designado Magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional en Julio 2017.

¿Cuál es su opinión sobre el proceso de negociación que se adelanta en México?

Se llega a la negociación a través de la presión que ejerce la comunidad internacional para conseguir una solución al conflicto a través de la vía pacífica.

Aún cuando ciertamente durante la administración Trump, el departamento de Estado emitió varias comunicaciones en las cuales sostenía que nuestra situación debíamos resolverla nosotros, es a  partir de la asunción de la nueva administración de la Casa Blanca en 2021 que  los Estados Unidos alinean su estrategia con los restantes actores internacionales que han propuesto siempre la via de la negociación como medio para solventar nuestro conflicto, dejando atrás el “todas las opciones están sobre la mesa”, lo que por cierto siempre es así sin necesidad de que se afirme de manera expresa. Eso ha permitido que actores con distinta posición respecto de lo que ha ocurrido internamente en nuestro país, compartan de manera unánime el mecanismo que se está implementando en México.

En mi opinión, es una oportunidad para recuperar la política racional como mecanismo de resolución de nuestros conflictos. Desde hace varios años, en Venezuela se ha venido poniendo en práctica una política contaminada por elementos que desvirtúan el discurso y que generan distanciamiento y división entre los venezolanos. Es difícil concebir el desarrollo de un país cuando existe la posibilidad de enfrentamiento cívico entre sus ciudadanos. La experiencia de vecinos nuestros debería llamarnos a la reflexión en tal sentido. Así entonces, la negociación es una excelente oportunidad para recuperar la racionalidad y encontrar los elementos que nos unen y resolver aquellos que nos separan.

¿Cuál es el papel del liderazgo político en este proceso?

Sobre el liderazgo político recae la responsabilidad de sacar adelante soluciones a nuestro conflicto. Para ello deben actuar además de con creatividad, con mucho apego a la realidad. Es un hecho concreto que ni los oficialistas pueden aniquilar a los opositores ni estos a los primeros. Hemos visto cantidad de situaciones que en otros países han pasado por guerras civiles para después terminar solucionándose en una mesa de negociación. Yo estoy convencido que es menester evitar la confrontación violenta y pasar directamente a una negociación para resolver nuestra grave y urgente situación.

¿En qué estriban tanto la gravedad como la urgencia que usted aduce?

Venezuela atraviesa una crisis humanitaria. La sola circunstancia de que mas del 20% de sus habitantes pueda estar fuera de sus fronteras es una evidencia de éllo. Si a esa situación sumamos el problema de la infraestructura que en estos 23 años no ha sido atendida, la situación de nuestros estudiantes de cualquier nivel, el problema hospitalario y así sucesivamente, debemos llegar a la conclusión que estamos inmersos en un gran problema que un liderazgo responsable, de todos los espectros del pensamiento político, debe buscar resolver.

¿Existen razones para sentir optimismo con respecto a este proceso?

El solo hecho de que se haya podido dar inicio a este proceso es positivo. Existe una combinación de suspicacia y esperanza  en torno a lo que se acuerde. En todo caso, en la media que se comiencen a ver resultados, seguramente una de éllas privará sobre la otra.

Si tuviese que sugerir mecanismos de acción, ¿qué propondría?

La prioridad es sin lugar a dudas la reinstitucionalización del país, tiene que existir la garantía que lo acordado se cumpla en lo interno, y el TSJ es la institución con menor credibilidad de Venezuela. Pasa igual con la defensoría del pueblo, la fiscalía y el sistema de justicia en general como entes responsables de garantizar los derechos de los ciudadanos, tiene que ser la prioridad, sin dejar por fuera el papel que ha desempeñado en la crisis la acción de la contraloría general de la república.

Es imperativo resolver la situación institucional y eso es posible lograrlo con decisiones políticas ajustadas a la Constitución y la ley.

¿Y esa propuesta sobre la reestructuración del sistema judicial se podría decir que la hace por afinidad profesional?

El sistema judicial venezolano necesita, primero que todo, recuperar la confianza del ciudadano. Los venezolanos  desconfían de los órganos encargados de administrar la justicia. Esa postura no es gratuita. Desde que el año 2004 la Asamblea Nacional como consecuencia de la sentencia que declaró el vacío de poder aumentó el número de magistrados, fue decisión adoptada por quienes la controlaron hasta el 2015 que estos debían ser personas afines a su pensamiento. Así expresamente lo afirmó quien ese año propuso el incremento de aquellos y eso lo han cumplido, basta ver el tenor de las decisiones adoptadas en los distintos ámbitos, constitucionales, penales, contencioso administrativo y electoral. Todas ellas  han desfigurado la imagen del sistema judicial venezolano.

Tanto el presidente Maduro como Juan Guaidó han destacado la necesidad de hacer justicia después de terminado el proceso de negociación, ¿Cómo cree usted que debe ser manejado este asunto?

Ambos tienen razón. Lamentablemente, las declaraciones no se hacen con un fin constructivo y más bien generan desconfianza en el proceso de diálogo. Ambas figuras están obligadas a comportarse como promotores de la distensión que se quiere alcanzar con la negociación. Declaraciones tremendistas o sesgadas solo contribuyen a contaminar el ambiente de entendimiento que debe caracterizar al diálogo. Tanto Maduro como Guaidó están en la obligación de insuflarle credibilidad al proceso si es que quieren que el mismo tenga éxito. En países como los que han atravesado conflictos de alguna manera similares al nuestro, se constituye sistema de justicia transicional. Eso habrá que hacer para saber que ocurrió y no vuelva a repetirse.

Países con mayor población que Venezuela, como Estados Unidos, tienen 9 magistrados en el Tribunal Supremo, ¿Cree usted que Venezuela tiene un número adecuado de magistrados?

Esa es una materia que debe estudiar la comisión que designe la mesa de diálogo. Esta comisión debe hacer propuestas de envergadura que tome en cuenta incluso aspectos como el que usted trae a colación, es decir, el número de magistrados que deben conformar las distintas salas y a la postre el TSJ.

¿Qué medidas tomaría usted para recuperar la confianza en el poder judicial?

Son muchas pero señalo tres. Primero, reduciría el número de magistrados lo que es posible hacer via modificación legal; de seguidas activaría lo relativo al sistema de concursos para acceder a la carrera judicial, eliminando la provisionalidad. Finalmente  promovería la justicia como mecanismo para alcanzar la paz que tanto desean los venezolanos.

¿Existen todavía las tribus judiciales en Venezuela? ¿Cómo resolver este asunto?

En Venezuela no existe justicia, porque simplemente no hay separación de poderes los fiscales y jueces tienen temor de actuar, porque si ejecutan una acción que vaya en contra de un objetivo político del momento terminan destituidos, encarcelados y desprestigiados.