Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que presenta su estructura antilavado de dinero, su limitada cooperación bilateral, hechos sustanciales de corrupción, pública y privada y otras actividades delictivas como el contrabando que son características del crimen organizado, y cuyas propuestas son atractivas para la competencia desleal y métodos de lavado que corrompen a las instituciones.
El contrabando es parte de un sistema económico-criminal, nacional e internacional. Fue señalado desde el año 2012 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como un “delito generador del lavado de dinero”, al extremo que hoy, especialmente con Colombia existe un cierre indefinido de la frontera a causa del millonario negocio del contrabando de productos cuyo precios son regulados con la intención de satisfacer las necesidades básicas de los sectores más débiles.
Con la caída del valor del bolívar frente al dólar y el peso colombiano, revender productos básicos al otro lado de la frontera se ha convertido en un negocio irresistible. Esta condición permite que el contrabando viva su mejor momento amparado por una gigantesca red de corrupción, donde aparecen implicadas fuerzas de seguridad del estado.
A esto se suma los profesionales llamados “cambistas”, que compran y venden El Bolívar Venezolano sin límite ni regulación, siendo muy cotizado el billete de cien bolívares, sobre todo el de la serie Z, por cuanto se presume es utilizado por la delincuencia organizada para la falsificación de moneda extranjera como el euro y el dólar.
En relación a esto, recientemente fueron detenidos ciudadanos rusos y españoles con enormes cantidades de billetes nuevos de cinco bolívares a ser utilizados por las mafias para ampliar su red de falsificación de moneda extranjera.
Existen diferentes tipos de contrabando como el “Contrabando Abierto”: Es cuando se importa o exporta mercancía a través de rutas o lugares no habilitados, con el objeto de evadir el control o intervención aduanera y tributaria y así evitar el pago de impuestos o tasas arancelarias.
“Contrabando Técnico”: consiste en el ingreso o exportación de mercancías por las vías autorizadas por la autoridad, pero con documentos fraudulentos que falsamente declaran su procedencia, cantidad, peso y demás características con la finalidad de evadir el monto real de los impuestos.
“Contrabando de Extracción”: es la desviación los bienes declarados de primera necesidad del destino original autorizado por el ente contralor.
Para controlar esta problemática Colombia cuenta con la “Ley Anticontrabando”, con el fin de perseguir el contrabando en todas sus manifestaciones. Las penas aplican a partir de cifras muy altas, por lo que del lado colombiano la norma establece que serán castigados con máxima condena aquellas personas que posean mercancías por encima de 50 salarios mínimos colombianos, es decir, unos 32 millones de pesos. Una cifra exorbitante que al parecer difícilmente se puede trasladar en un solo viaje.
Asimismo, esta Ley hizo más rígidas las sanciones a los funcionarios públicos que participen del contrabando. Por ejemplo, quienes faciliten el tráfico de mercancías valoradas en más de 200 salarios mínimos podría afrontar una pena de hasta 15 años de prisión.
Sin lugar a dudas el contrabando es un fuerte generador del lavado de dinero, donde la delincuencia organizada posee un arsenal de métodos a su disposición para canalizar su dinero sucio hacia donde sea necesario, usando todo, desde empresas fachada de exportación e importación hasta el contrabando de dinero en efectivo, perjudicando la economía sustentable de los países. Los esfuerzos para prevenirlo y controlarlo requieren de un enfoque más amplio.
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