El chavismo gobernante promete resolver la crisis política y económica desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, analistas señalan que mientras persista la desinstitucionalización en el país, Venezuela no tendrá acceso a la ayuda económica ni a la inversión que necesita para aliviar los indicadores de pobreza.

El país es el más pobre de América Latina y se sitúa casi al mismo nivel de los países africanos, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (Encovi), consultada en más de 9.000 hogares.

El economista y profesor universitario Arlán Narváez afirma que la falta de confianza que existe en la comunidad internacional por el actuar autoritario del gobierno de Nicolás Maduro imposibilitará que algún organismo multilateral apruebe préstamos y mucho menos atraerá a inversionistas.

Señala que si las políticas gubernamentales no cambian, la aprobación de leyes no hará la diferencia. “Si mientras dictas las leyes estimulas la hiperinflación con la emisión de dinero inorgánico no va a cambiar nada. El dinero inorgánico no tiene respaldo en la producción, cuando lo emites aumentas la demanda porque las personas con dinero en la mano consumen, pero si eso no se corresponde con la oferta que hay en el mercado entonces estimulas el aumento de los precios”, explica.

Ley Antibloqueo

Lo que sí prevé es mayor opacidad y arbitrariedad en el manejo de los recursos de la República con la Ley Antibloqueo a la cual –sostiene- “buscarán darle un barniz de legalidad” desde el nuevo Poder Legislativo.

Para el profesor universitario, el cuestionado instrumento es una especie de ley habilitante que concentra todo el poder en el Ejecutivo y que ha sido vendido de forma demagógica para reforzar la narrativa de las sanciones como la causa del colapso del país.

“Las sanciones se han convertido en la excusa perfecta para todos los males. Pero ¿cómo es que nosotros no producimos gasolina, pero Irán sí produce teniendo sanciones y severos bloqueos desde 1979?”, se pregunta.

No obstante, destaca que para los aliados internacionales de Maduro, el dominio chavista de la Asamblea Nacional les garantiza un aval para continuar sus negocios en el país. “Los chinos y los rusos tienen claro que en el mundo contemporáneo se acabaron las solidaridades automáticas, no dan nada a cambio. Lo que recibimos son pagos por la venta de la soberanía del país”, sentencia.

El politólogo, especialista en gobernabilidad y gerencia, Jesús González coincide en que una Asamblea Nacional ilegítima será un obstáculo para que el país reciba la ayuda económica que requiere. “Para revertir el proceso económico del país hace falta criterios de economía política claros y esto no existe en temas como el dólar, la inflación y la caída del producto interino bruto. Necesitamos un auxilio económico, un fondo de rescate con carácter de urgencia y ningún organismo multilateral, sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, lo va a dar en estas condiciones”, advierte.

El régimen de Maduro ya experimentó la negativa del Fondo Monetario Internacional en marzo de este año cuando el organismo rechazó la petición de asistencia financiera por 5.000 millones de dólares alegando que no existía claridad sobre el reconocimiento de su gobierno por parte de la comunidad internacional.

Diálogo nacional

Maduro también ha asegurado que desde la nueva Asamblea Nacional se abrirán las puertas para el diálogo a todos los sectores del país y a la comunidad internacional”.

Sobre esto, González señala que el problema es que la nueva AN no representa a todos los sectores políticos. Su elección es producto de un proceso electoral no competitivo en el que el máximo tribunal del país intervino partidos políticos y el Poder Electoral modificó el sistema electoral para garantizar una mayoría chavista en el Parlamento.

Pese a esto, el politólogo considera que cualquier intento o espacio que sirva para abrir canales de negociación es importante y urgente para el país.  “Ojalá se entienda que es preferible entrar en un proceso de negociación urgente y haya la madurez necesaria para entender que amplios sectores del país están sufriendo las consecuencias de políticas públicas nefastas que se acentúan con las sanciones”, expresa.

Destaca dos garantías necesarias para que se retome un proceso de diálogo: la inclusión de actores sociales y políticos adicionales que representen al amplio sector del país que no se identifica ni con Maduro ni con Juan Guaidó y la definición de una agenda clara en la que se prioricen los problemas económicos y sociales como la pobreza.

EfectoCocuyo