El cerco que el chavismo viene tendiendo a la sociedad civil organizada se estrecha. Así tras ordenar a las organizaciones internacionales que operan en el país a inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas para continuar laborando, el Gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigile las transacciones financieras de todas las agrupaciones.
La Sudeban, en su circular número SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020, ordenó a los bancos y demás instituciones financieras del país a implementar «medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por parte de las ONG», reveló la propia instancia en una nota de prensa publicada cuatro días después.
El organismo supervisor exigió a las entidades bancarias a realizar la evaluación y seguimiento de la información financiera relacionada con las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, para de ese modo «detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».
En su nota de prensa, la Sudeban sustentó la instrucción en lo establecido en los numerales 14 y 26 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Dichas disposiciones facultan al organismo regulador para dictar normas «prudenciales» que regulen el ejercicio de las operaciones bancarias, además de solicitar a las autoridades competentes acordar medidas preventivas de inmovilización de cualquier tipo de cuenta o transacción financiera, entre otras acciones.
Un nuevo ataque
Para Acceso a la Justicia, esta decisión no es una simple directriz o instrucción que busca evitar que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas, sino que se trata de una acción que se encuadra en el plan sistemático de asfixia y hostigamiento diseñado contra las ONG, que atenta contra su funcionamiento y pone en entredicho el ejercicio de los derechos constitucionales a la asociación y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
De hecho, se trata de una nueva amenaza para restringir la labor de las agrupaciones sin fines de lucro que trabajan en el país, derivada del arbitrario y férreo control impuesto desde Miraflores.
El que Sudeban tenga funciones de policía, es decir de regulación, control, vigilancia y supervisión en materia bancaria, no significa que pueda ejercerlas arbitrariamente; es necesario que cuente con suficiente habilitación legal, sobre todo que respete el conjunto de principios sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, al mismo tiempo que exista la adecuada proporcionalidad entre el supuesto de hecho previsto en la norma y el fin perseguido por el legislador.
Para Acceso a la Justicia,la medida de Sudeban se traduce en una restricción de los derechos y bienes de las organizaciones civiles a las que se les pretenden fiscalizar sus movimientos financieros o transacciones bancarias, de acuerdo a los criterios que estime conveniente el Gobierno de Maduro, sin ningún tipo de objetividad, con el pretexto de «detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva», lo que implica una limitación absoluta de la autonomía de las asociaciones sin fines de lucro.
Esta decisión coincide con el hostigamiento que sufren las organizaciones Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive y su directivo, Roberto Patiño, desde el pasado 20 de noviembre. Ambas agrupaciones operan 239 comedores en 14 estados del país, los cuales atienden a 25.000 niñas y niños, así como a sus familias bajo el aval del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas.
El pasado 25 de noviembre agentes de la Policía Nacional contra la Corrupción allanaron la residencia de los padres de Patiño y un día antes hicieron lo propio en las antiguas oficinas de las organizaciones, ubicadas en El Rosal (Caracas). Asimismo, todas las cuentas de ambas agrupaciones fueron congeladas por las autoridades.
En septiembre, agentes de las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) allanaron las oficinas de Acción Solidaria y retuvieron por varias horas a seis de sus miembros.
Haciendo memoria
Los intentos del Gobierno por impedir el financiamiento de las ONG no son algo novedoso. En 2006 la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó en primera discusión el denominado proyecto de Ley de Cooperación Internacional, a partir del cual el Estado buscaba reducir el acceso al financiamiento de las organizaciones.
Algo similar ocurre actualmente con la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, así como la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, tal como fue advertido por Acceso a la justicia,pues ambos textos legales exteriorizan un modelo de reglas y controles que limita el financiamiento internacional en el país.
Los ejemplos anteriores evidencian la estrategia gubernamental de coacción contra las organizaciones civiles, la cual por cierto va contracorriente de los estándares internacionales en la materia. Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su primer informe sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en la región, declaró: «Las defensoras y defensores tienen derecho a solicitar y obtener recursos económicos que financien sus tareas y (…) los Estados deben garantizar de la manera más amplia posible el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos».
Asimismo, la CIDH, en la misma tónica que las Naciones Unidas, ha señalado que:
«las organizaciones de la sociedad civil pueden legítimamente recibir fondos de organizaciones extranjeras o internacionales, o de gobiernos extranjeros, para promover los Derechos Humanos” y “los Estados deben abstenerse de crear obstáculos o mantener cualquier impedimento o restricción desproporcionada al registro, establecimiento, financiamiento y operación de organizaciones de Derechos Humanos».
Sin embargo, las autoridades venezolanas, lejos de atender dichas recomendaciones, han creado unas condiciones que dificultan la labor tanto de quienes promueven las garantías fundamentales como de aquellos que buscan mitigar la crisis humanitaria que asola al país. Así solo entre 2018 y 2019 se registraros 121 ataques y agresiones contra defensores y organizaciones civiles, según un informe elaborado por Organización Mundial contra la Tortura, la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) y el Centro para los Defensores y la Justicia.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La circular de Sudeban menoscaba la libertad de asociación, uno de los pilares de la democracia junto a la libertad de expresión; y además pone en riesgo el funcionamiento de las organizaciones civiles, de las cuales dependen miles de venezolanos.
Hoy el mundo sabe de los abusos cometidos por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) y otros cuerpos policiales y militares, así como del silencio del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo gracias a la labor de distintas agrupaciones civiles.
Asimismo, miles pueden alimentarse y recibir medicamentos gracias a las gestiones y alianzas hechas por distintas organizaciones. Por ello los venezolanos debemos expresar nuestro firme rechazo frente a las últimas medidas contrarias a las asociaciones sin fines de lucro adoptadas por el Gobierno de Maduro, que buscan acallar su voz de lucha y de denuncia ante la opinión pública nacional y mundial.
