La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los niveles ya asombrosos de desigualdad económica en muchos países del mundo. Ahora existe un riesgo real de que billones de dólares destinados a apoyar a los más afectados por la crisis puedan ser capturados por los ricos, aumentando la desigualdad a medida que los países cargan con deuda pública por dinero perdido por la corrupción.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha prestado 89.000 millones de dólares a más de 80 países desde marzo. El Fondo ha tratado de garantizar que su asistencia de emergencia ayude a hacer retroceder la creciente ola de desigualdad, con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dando a los países una hoja de ruta : invertir en salud y educación, ampliar las redes de seguridad y garantizar el acceso a los alimentos; abordar los déficits presupuestarios a través de impuestos progresivos; y reducir la corrupción y el despilfarro.

Pero hay poco en los acuerdos de préstamo para que los gobiernos presten atención a ese consejo; algunos incluso incluyen términos que podrían ir en contra.

Seis meses después de la pandemia, ya se han perdido cantidades masivas debido a la corrupción o malversación: Transparencia Internacional analizó los informes de los medios sobre casos de corrupción de COVID-19 y encontró 19 que incluían estimaciones confiables de los fondos públicos involucrados, que abarcan 17 países. En estos 19 casos, el total ascendió a 1.100 millones de dólares.

Como era de esperar, un aumento de la corrupción está relacionado con una disminución del gasto en salud y educación y una mayor desigualdad .

A cambio de la asistencia de emergencia del FMI, la mayoría de los gobiernos se han comprometido a respetar las medidas básicas de transparencia y buen gobierno, como la publicación de contratos y la realización de auditorías independientes. 

Pero dada la magnitud de las pérdidas ya incurridas, vale la pena reflexionar sobre hasta qué punto está funcionando la estrategia del FMI. Estas lecciones aprendidas serán cruciales para salvaguardar los fondos públicos y reducir la desigualdad durante un período largo e incierto de recuperación económica.

A continuación, presentamos tres pasos clave que el FMI puede tomar para garantizar que el financiamiento llegue a quienes más lo necesitan y no contribuya a la desigualdad.

1. Garantizar la coherencia en la prevención de la corrupción y el uso indebido del FMI y otra asistencia de emergencia

En muchos de los préstamos aprobados al principio de la pandemia, las consideraciones de gobernanza fracasaron, incluso cuando el propio personal del FMI había identificado riesgos de corrupción en el pasado reciente del país. 

Desde entonces, un número creciente de acuerdos de préstamo ha incluido compromisos anticorrupción. En general, la respuesta del FMI al COVID-19 ha demostrado que es factible incluir salvaguardas específicas de gobernanza y anticorrupción en los acuerdos de préstamos de emergencia.

El FMI debería extender estas medidas a todos los países. Una forma de hacerlo es enmendar su Política de Liquidez y Asistencia de Emergencia de 2011 para hacer que estas salvaguardas de gobernabilidad sean obligatorias y aplicarlas por igual a todos los destinatarios. 

Esto no solo ayudaría a prevenir el mal uso de los fondos del FMI, sino que también abordaría la falta de coherencia en las medidas anticorrupción en el financiamiento de emergencia que el propio FMI ha reconocido .

La revisión de la política de 2011 también proporcionaría una base para una mayor coherencia a medida que el FMI comience a pasar de los préstamos de emergencia a otros tipos de financiación. El único factor que debería determinar el nivel y la naturaleza de la atención a los esfuerzos anticorrupción es el alcance del problema de corrupción en un país dado, no el tipo de asistencia brindada ni ninguna otra consideración.

2. Apoyar la aplicación de medidas anticorrupción con financiación específica

El FMI merece crédito por el progreso que ha logrado en sus esfuerzos para combatir la corrupción, incluido un fuerte aumento en la información franca sobre el problema y más reformas de gobernabilidad en sus programas. Pero también debe reconocer que si permite a los gobiernos hablar de boquilla para la reforma, se corre el riesgo de socavar la credibilidad de compromisos futuros.

La financiación de emergencia plantea un desafío particular porque el dinero se entrega al gobierno por adelantado y en su totalidad. A pesar de que muchos gobiernos prometieron publicar contratos, realizar auditorías independientes y tomar otras medidas para mejorar la transparencia, todavía tienen que hacer algo así ahora que tienen el dinero. Otros pueden cumplir estos compromisos solo parcialmente o de formas que no son creíbles.

Algunas agencias gubernamentales pueden carecer de la capacidad para implementar las medidas de manera efectiva. Eso no significa que el FMI deba ignorar esos compromisos. Más bien, debería apoyar una mejor gobernanza. Con un billón de dólares en capacidad crediticia y tantas vidas en juego, es más importante que nunca que el FMI se asegure de que la corrupción no cueste vidas adicionales.

El financiamiento específico para medidas anticorrupción como parte de la asistencia del FMI ayudaría a garantizar que el apoyo que más se necesita llegue a los más necesitados. El FMI debe asegurarse de que el financiamiento de COVID-19 incluya una línea presupuestaria específica para medidas anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.

El FMI debería verificar y hacer pública una evaluación de cómo cada gobierno cumple con sus compromisos anticorrupción. La implementación inadecuada debe tenerse en cuenta en las negociaciones de programas futuros. El Fondo también debería desarrollar pautas para verificar la implementación a fin de garantizar la coherencia y la responsabilidad de todos los programas futuros.

3. Empoderar a la sociedad civil

Un antídoto esencial contra la corrupción es un público que pueda hacer que su gobierno rinda cuentas. Proteger y mejorar la capacidad del público para hacer eso debería estar en el centro de la estrategia del FMI para asegurarse de que sus préstamos no exacerben la desigualdad.

Desde el estallido de la pandemia, se ha reconocido cada vez más el papel que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a la rendición de cuentas. En un paso positivo, el FMI participa cada vez más con la sociedad civil independiente y mejora los esfuerzos para comunicar públicamente los programas y políticas del FMI. Pero muchos gobiernos continúan apuntando a los defensores del buen gobierno o promulgan leyes que restringen a los grupos de la sociedad civil. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil en muchos países enfrentaron múltiples desafíos para su función de vigilancia.

 En los últimos meses, el coronavirus ha proporcionado una excusa para restringir aún más a la sociedad civil y atacar a sus miembros.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel clave en el monitoreo y seguimiento del uso de los fondos de COVID-19, pero deben reconocerse que desempeñan un papel vital en un sistema más amplio . El FMI debería hacer todo lo posible para promover las condiciones que permitan a los grupos de la sociedad civil hacer su trabajo.

El FMI no debería permitir que sus recientes mejoras lo vuelvan complaciente con la corrupción. Todavía queda mucho trabajo por hacer hasta que podamos estar seguros de que los miles de millones que está prestando se utilizarán para abordar las consecuencias económicas de la pandemia de manera que ayuden a reducir la desigualdad, no a empeorarla.

Cortesía de Transparency.org