El 5 de febrero de 1999, el industrial Antonio Nagen Abraham fue interceptado en Caracas por un grupo de delincuentes con uniformes policiales. Introducido en una camioneta Bronco pintada con los colores de la policía judicial, ruedan toda la noche, atraviesan el occidente del país y lo entregan o lo venden, aún en territorio venezolano, a un grupo del ELN colombiano. Unos días antes, el teniente coronel Hugo Chávez Frías había asumido la Presidencia. Nagen fue uno de sus financistas en la campaña electoral. Rompiendo todos los protocolos policiales imperantes en materia de secuestros, el flamante nuevo mandatario envía a un emisario personal, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, a negociar con los captores del ELN.

Rodríguez Chacín llegó a capitán de navío en la Armada y fue parte activa en la represión a la lucha subversiva de la ultra izquierda. En 1988, formaba parte del grupo de tarea conjunto de militares y policías Comando Específico José Antonio Páez, CEJAP, que operaba en el estado Apure, frontera con Colombia, en dónde existían rumores de presencia de guerrilleros colombianos. Allí fue uno de los autores intelectuales y materiales de la “Masacre de El Amparo“, cuando por equivocación o mala intención asesinaron a 14 pescadores y luego alegaron que se trataba de subversivos colombianos. Pero lentamente la verdad comenzó a emerger y se abrieron investigaciones judiciales. Dos sobrevivientes, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos, periodistas y diputados de izquierda agotaron las vías legales. El CEJAP fue disuelto. En 1990 el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Con buen olfato, previendo las complicaciones legales que podría tener en el futuro y a pesar de su actuación contra la subversión de izquierda venezolana, Rodríguez Chacín logra entrar en la conspiración militar que lideraba Hugo Chávez y participa en la intentona golpista de febrero de 1992 contra el Presidente Carlos Andrés Pérez.

Cuando Antonio Nagen es raptado, en Venezuela ocurrían unos 50 casos de secuestros al año en los estados fronterizos y perpetrados por el ELN o las FARC. Al igual que hacían en Colombia, la guerrilla pactaba alianzas con delincuentes locales para la fase de captura de las víctimas. Ramón Rodríguez Chacín, con instrucciones precisas del Presidente, no va a exigir la inmediata liberación del secuestrado o a pedir que no secuestran a más personas en territorio venezolano. Simplemente se limita a negociar los términos y montos del rescate que tendrá que abonar la familia de la víctima. Esta nueva vía de “negociación” será usada por el gobierno de Chávez hasta el año 2002. Pero, en los casos de secuestros cometidos por las FARC, el capitán de navío Rodríguez Chacín consigue una respuesta que va más allá de su misión.

–Compañero, ¿será que el Presidente Chávez quiere realmente ayudarnos? Pues mire usté, compañero capitán, esto de los rescates de secuestros son minucias, bagatelas… El gran asunto es la cocaína. Podemos causarle mucho daño a la decadente sociedad gringa y a su gobierno… Además, generar suficientes recursos para financiar nuestra lucha de liberación. Y de paso, le quedará a usté un regalito por su gestión…

Reunido en privado con el Presidente, el “negociador” Rodríguez Chacín lo pone al tanto de la solicitud de las FARC. Chávez escucha con atención, reflexiona unos segundos, decide:

-Ramón, maneja esa vaina con Grannobles. Reúnete con él en Valencia. Hagan discretamente algunas pruebas con nuestros oficiales de confianza, a ver cómo resulta… Esto quizás nos pueda servir más adelante.

Antonio Nagen será liberado luego de casi un mes de retención, tras el pago de la primera parte del rescate exigido. Según el industrial, canceló 5 millones de dólares, según fuentes cubanas fue sólo un millón. La segunda parte, tras intermediar La Habana, nunca se pagó, pero Nagen, preventivamente se fue a vivir a Miami.

Tres años después, luego del golpe de Estado de abril de 2002 que lo sacó por unas horas de la presidencia, Hugo Chávez decide apretar el proceso revolucionario y tomar medidas para que nunca más le ocurra algo parecido. Se reúne en secreto con Ramón Rodríguez Chacín, que en ese momento era su ministro de Relaciones Interiores. Se ven en el Hato Corocito, en el estado Barinas, una hacienda de 1.273 hectáreas que el ex capitán de navío compró pagando 800 mil dólares en efectivo. Ahí el presidente Chávez le da instrucciones para que la cocaína de las FARC tenga paso libre y salida franca por el territorio, puertos, pistas clandestinas y aeropuertos venezolanos. De la fase de algunos embarques como pruebas piloto se pasa a expansión industrial. Demasiado expuesto, Rodríguez Chacín dejará el ministerio y pasará a otras tareas. Su sucesor en la cartera y quién instrumentará las medidas será Diosdado Cabello, otro hombre de confianza del Presidente, junto con el general Hugo Carvajal, alias “El Pollo“, director de contrainteligencia militar. Involucrar a generales y almirantes a ensuciarse las manos haciéndose multimillonarios apoyando los embarques de cocaína de las FARC le servirá a Chávez para asegurar lealtades y desestructurar la institucionalidad de las fuerzas armadas, en las que ya no confía. Según informes de las Naciones Unidas, para el año 2012, el 51% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos y Europa salía de Venezuela. En septiembre del 2008 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista OFAC a Ramón Rodríguez Chacín y a Hugo Carvajal por apoyar las actividades de narcotráfico de las FARC; y no será hasta el 2018 cuando también incluyan al más precavido Diosdado Cabello.

A partir de 1999, la nueva “política” en materia de secuestros abre un abanico de oportunidades para las bandas delictivas locales. Genera cierta impunidad, inhibición y complicidades en los cuerpos policiales. Algo ya habían aprendido en las alianzas con las FARC, pero se consideran ahora capaces de entrar a ese mercado delictivo. Primero será con el secuestro “exprés” y luego con plagios prolongados. Pero pronto entienden que el delito de secuestro, muy productivo cuando logran “coronar“, es complejo, delicado, necesita información, grupos que capturen a la víctima, grupos que la retengan, otros que negocien y manejar bien la parte más delicada del cobro del rescate. Buscando subsanar sus debilidades, acuden a dos fuentes para conseguir cómplices expertos: criminales colombianos y policías activos o retirados o de la Guardia Nacional venezolana con conocimientos en la materia. Esto introducirá un elemento de corrupción adicional en los cuerpos de seguridad venezolanos. En el año 2011 se documentaron 1.162 casos de secuestro a nivel nacional. En el 2016 la cifra se redujo a 604 casos. Pero aun así, representa un incremento de 1.4372% en relación al año 1999. Ahora se secuestra en toda Venezuela, principalmente en Caracas y los estados centrales. El secuestro es el delito que más se ha incrementado. Venezuela no sólo es el país con la peor tasa mundial de homicidios, también es donde la gente corre mayor riesgo de ser secuestrada.