Cabo Verde mantiene su posición favorable a la extradición del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos, país que le reclama por supuesto blanqueo de dinero, confirmó hoy el fiscal general caboverdiano, Luis José Landim.

RL / Idaed / Eldiario

Las autoridades de ese país insular de África occidental “mantienen la misma posición de siempre” sobre el empresario, detenido allí a petición de Washington desde el 12 de junio de 2020, afirmó Landim en un mensaje remitido a Efe por su equipo de prensa.

El procurador general de la República reaccionó de esa manera al veredicto emitido este lunes por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque al que pertenece Cabo Verde, contra la extradición de Saab a EEUU.

“La posición de la Fiscalía no ha cambiado en relación con el proceso de extradición del señor Álex Saab ni con respecto a la aceptación de la jurisdicción o supremacía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CEDEAO sobre el orden jurídico interno” de Cabo Verde, subrayó Landim.

El Gobierno y una corte del país africano han aprobado la entrega del supuesto testaferro, nombrado por Venezuela “enviado especial” y “representante permanente adjunto” ante la Unión Africana, pero éste apeló ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.

El abogado nigeriano Femi Falana, que dirigió la defensa de Saab ante el Tribunal de la CEDEAO, con sede en Abuya (Nigeria), dijo este lunes a Efe que el fallo de esa corte, que exigió la libertad inmediata del detenido, “no puede ser ignorado” por Cabo Verde.

Landim señaló a finales del año pasado que su país no tiene ninguna obligación de cumplir las órdenes del tribunal africano, pues no ha ratificado el protocolo que otorga jurisdicción a ese organismo en casos de derechos humanos.

El tribunal tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.

El fiscal sostiene que el caso de Saab debe seguir sus trámites legales en Cabo Verde, estando el Ministerio Público a la espera de la decisión de la Justicia sobre su extradición a Estados Unidos.

El Tribunal de la CEDEAO ya se pronunció a finales de 2020 a favor del arresto domiciliario del presunto testaferro, que éste solicitó alegando problemas de salud en prisión y que las autoridades caboverdianas -pese a remarcar que esa corte carece de jurisdicción en este caso- acabaron cumpliendo a regañadientes.

UNA DETENCIÓN DE NUEVE MESES

El empresario, de 49 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EEUU a través de Interpol.

Caracas señaló entonces que él es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.

El nombre de Saab surgió en prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser un testaferro de Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con “cientos de millones de dólares”.

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.