Reforma de la justicia: Aunque desde hace meses el Gobierno Nacional viene trabajando en un nuevo intento de reforma judicial, las dificultades para acceder a la administración de justicia en medio de la pandemia y la detención del expresidente Álvaro Uribe hicieron que el tema volviera a la agenda nacional y que sectores políticos pidieran que se acelere su trámite.

A los tres proyectos de reforma en curso, que adelantó este diario (ver intertítulo más adelante), se suma una nueva propuesta surgida del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo).

El análisis del respetado centro de estudio dice que las soluciones urgentes que requiere la justicia no necesariamente pasan por cambiar ni la Constitución ni las leyes, como se ha planteado hasta ahora.

El documento, elaborado por el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y por Guillemo Otálora Lozano, propone más bien ajustes enfocados en el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial para impactar la congestión judicial, la morosidad y hasta la falta de eficiencia del trabajo de los jueces.

Colombia tiene una congestión de más del 50 por ciento en la mayoría de las jurisdicciones; un déficit de más de 50 jueces por cada 100.000 habitantes, pues aunque la Ocde recomienda tener por lo menos 65 para esa cantidad de personas, el país tiene 11.

Y aunque no hay una medición precisa de cuánto se demora un proceso judicial, pues los tiempos varían entre cada jurisdicción y en tipos de proceso, hay ejemplos de procesos como los de reparación directa por daños que pueden demorarse 2 años para una decisión de primera instancia, y 8 años más en la segunda instancia, con lo que los ciudadanos deben esperar hasta 10 años para tener una decisión definitiva en sus casos..

Los puntos claves del intento 19 por reformar la justicia. A la falta de jueces y de celeridad en los procesos se suma el hecho de que, según el Consejo Superior de la Judicatura, a 2018, a los despachos del país llegaban 2,2 procesos nuevos todos los días.

El documento de Fedesarrollo dice que los problemas de acceso a la justicia poco se resuelven con reformar la cúpula judicial, establecer inhabilidades o cambiar los periodos de los altos cargos, entre otras, como lo han propuesto en común los últimos 18 intentos de reforma de la justicia desde 2002, que se han caído en el Congreso, entre otras cosas, por falta de consenso político, según el informe.

Es por esto que el estudio ‘Modernización de la administración de justicia a través de la inteligencia artificial’ afirma que, como las reformas de las altas esferas no pueden abarcar todos los problemas de la justicia, se apliquen tecnologías que, en la práctica y sin necesidad de reformas, podrían ayudar a tener menores tiempos procesales, seguridad jurídica y mejores condiciones de trabajo para los jueces.

Además: Uno de cada 2 casos que había en juzgados en 2019 quedó para este año). En esta modernización, Colombia ya dio el primer paso, primero por la pandemia, que obligó a adaptar algunos procesos para hacerlos virtuales, y segundo, porque en algunas semanas se firmaría un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para empezar a implementar el expediente digital, que permitiría que los procesos dejen de ser enormes expedientes de papel, para estar en medios virtuales.

Pero para el exmagistrado Cepeda, el país no debe quedarse allí, “hay que aprovechar el potencial del expediente digital, así como el ‘salto virtual’ al que nos llevó la pandemia para avanzar en otras estrategias.

Es necesario desde ya anticipar cómo se van a aplicar las tecnologías de inteligencia artificial para automatizar tareas en los procesos judiciales y promover una mejor administración del conocimiento jurídico y gestión más eficiente”, comentó.

En ese sentido, dice que a partir del expediente digital se pueden construir avances en inteligencia artificial que permitan automatizar pasos como el envío de autos y de notificaciones. También se podría hacer una mejor gestión de la información judicial, pues aunque las altas cortes cuentan con una relatoría pública en línea sobre sus decisiones, esto no lo tienen los juzgados y tribunales. 

Reforma de la justicia: Duque destaca que hay consenso. Igualmente, el estudio señala que la información que se gestione en sistemas digitales puede servir para el desarrollo de políticas públicas en el sentido de que se podrían obtener datos como cuáles son las normas con más controversias, qué es lo que más demandan algunas poblaciones, entre otras.

El análisis de las sentencias incluso podría servir para detectar patrones de irregularidades, fraude o colusión de abogados o jueces, usando métodos similares a los que ya utilizan las aseguradoras para detectar trampas.

Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial podría identificar casos muy similares que se presentan simultáneamente ante varios juzgados, e incluso decisiones judiciales que al resolverlos se desvían notoriamente de los patrones de decisión del resto del país.

Analizar fallos con inteligencia artificial podría servir para detectar patrones de irregularidades, fraude o colusión de abogados o jueces

Esta tecnología también permitiría identificar casos engavetados, pues sería posible ver si determinados procesos superan los tiempos de espera promedio en un juzgado, y determinar si se puede designar, por ejemplo, a funcionarios del Ministerio Público para verificar qué puede estar pasando.

Estos avances no solo ayudan al trabajo de los jueces, sino que pueden reducir los tiempos y hacer que la justicia llegue un poco más rápido a la gente.

Y aunque aplicar todo esto requeriría una inversión alta –de hecho, la Judicatura ha estimado que digitalizar todo el sistema judicial costaría más de 500 millones de dólares–, Cepeda expresó que no todo son grandes actualizaciones, sino que hay proyectos pequeños que se pueden empezar con menor inversión.

“Experiencias comparadas muestran que es menos costoso avanzar con nuevas tecnologías como inteligencia artificial que mediante otros mecanismos como la creación de nuevos despachos judiciales o la expansión de infraestructura física de la rama. Con la tecnología se avanza más rápido, más barato y con apoyos muy útiles para los jueces y que acercan la justicia al ciudadano”, señaló.

De hecho, en Colombia ya hay en marcha algunos experimentos de herramientas tecnológicas así. Hace unas semanas, la Corte Constitucional presentó la herramienta Pretoria, que ayuda en la selección de tutelas para eventual revisión del alto tribunal.

Mientras una persona tarda al menos un día para leer 30 expedientes y encontrar si hay prioridad para una eventual revisión, Pretoria puede procesar las sentencias en medio digital en menos de 2 minutos y arrojar los criterios claves.

¿Robots en vez de jueces?

En la aplicación de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial a procesos en donde lo que está en juego son los derechos de los ciudadanos es necesario establecer criterios éticos de transparencia, igualdad y, por ejemplo, que no será una máquina la que decida un caso.

Frente a ello, Cepeda dijo que la idea no es nunca reemplazar al juez, sino brindarle herramientas que apoyen su trabajo.

“No tiene sentido pensar en jueces robot. La justicia, para que sea legítima y creíble, siempre será el ejercicio de una actividad de raciocinio y buen juicio humano. Además, cualquier avance de inteligencia artificial debe tener en cuenta principios éticos como los que han adoptado quienes ya han recorrido este camino, como algunos países de la Ocde”, recalcó.

No tiene sentido pensar en jueces robot. La justicia, para que sea legítima y creíble, siempre será el ejercicio de una actividad de raciocinio y buen juicio humano

Frente a esta propuesta de modernizar la justicia con inteligencia artificial, más allá de cambios normativos, Margarita Cabello, ministra de Justicia, expresó que si bien la tecnología es un elemento que asiste, “no es la vara mágica” para resolver todos los problemas.

En ese sentido, dijo que el reclamo de acceso a la justicia y responder a las necesidades jurídicas de los ciudadanos requiere de muchas actividades y que han presentado 6 “pequeñas grandes reformas” que se complementarán con una reforma estructural y una modificación de la ley estatutaria de la administración de justicia.

Y añadió que con las altas cortes han venido trabajando en el plan de transformación tecnológica del sector justicia.

Por su parte, la magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, afirmó que además del expediente digital, se deben desarrollar otras herramientas tecnológicas, y que desde la Judicatura están avanzando en ejercicios tempranos de inteligencia artificial; de hecho, dijo, se están definiendo 5 proyectos de analítica con apoyo del Banco Mundial, los cuales estarían definidos antes de terminar el año.

Y el procurador Fernando Carrillo Flórez dijo que, poniendo como elemento transversal la tecnología, una reforma debería tener siempre en el centro las necesidades de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables, ser un proceso participativo y de consenso, y descentralizar la justicia. “No sacamos nada con poner en marcha herramientas que se van a quedar centralizadas y van a seguir mirando con los ojos tradicionales la parálisis de la justicia a nivel territorial y local”, concluyó.

Al Congreso irán 3 proyectos para reformar la justicia

En los próximos meses, el Congreso deberá estudiar no uno, sino tres proyectos para reformar la justicia del país.

El primer proyecto, que ya fue radicado en el Legislativo, es una ley estatutaria que propone el Consejo Superior de la Judicatura. Esta propuesta está centrada en lograr la autonomía presupuestal de la Rama Judicial, así como un mayor presupuesto, fortalecer la carrera judicial y regular algunos aspectos pendientes desde 2015, como conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –que sanciona a jueces, fiscales y abogados–. ¿se logrará aprobación?). 

El segundo proyecto es un acto legislativo –reforma de la Constitución– del Ministerio de Justicia que se ha construido en consulta con las altas cortes, y está enfocado en reformar aspectos como requisitos y periodos de los magistrados, suspensión y acelerar el juzgamiento de estos en casos que afecten la credibilidad de la justicia, y dejar de judicializar algunas conductas, así como un plan de descongestión a tres años.

El tercer proyecto, que sería presentado como un ley ordinaria en la última semana de agosto, es coordinado por la Procuraduría y nació de una consulta a más de 9.000 ciudadanos sobre sus necesidades jurídicas insatisfechas. El proyecto está centrado en mejorar el acceso a la justicia y que esta llegue más a los espacios local y rural.

Como los tres proyectos son a ámbitos legales distintos –uno es un acto legislativo, otro es una ley estatutaria y el último es una ley ordinaria–, no podrían acumularse para tener un trámite unificado en el Congreso, sino que cada uno tendrá que medir fuerzas en el Legislativo.

ElTiempo