El ascenso a la presidencia de los Estados Unidos por parte de Joe Biden estableció muchas dudas, tanto de enemigos de la administración pasada de la Casa Blanca al mando de Donald Trump, como de los aliados de la misma.
RL / Idaed / LaPatilla
Entre dichas interrogantes se presentó a discusión el “tema Venezuela” y si el mandatario entrante prorrogaría las medidas establecidas por su predecesor, es decir, si éste mantendría el puño de hierro sobre el régimen de Nicolás Maduro, sancionado y denunciado ante la comunidad internacional como violador de derechos humanos.
Pese a que es una administración “virgen”, Joe Biden y sus funcionarios han enfatizado en diferentes ocasiones que Maduro “es un dictador” y tienden la mano a la democracia venezolana para escalar a un nuevo nivel de presión contra la dictadura chavista, de tal modo que el país caribeño y sus ciudadanos consigan su libertad.
Para afianzar los argumentos, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, recalcó que Estados Unidos seguirá apoyando las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano.
Durante una rueda de prensa, Price manifestó que la destitución del tirano chavista sigue siendo objetivo del país norteamericano: “Maduro es un dictador, Maduro es corrupto, Maduro es responsable del sufrimiento de su pueblo. Y seguiremos apoyando las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano“.
Price aseguró que al expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante, el régimen de Maduro ha quitado a “uno de los campeones internacionales” que defiende la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano.
“Esta acción solo aislará aún más al régimen de Maduro, y el mundo permanece unido para pedir un retorno a la democracia en Venezuela“, recalcó.
La dictadura chavista declaró “persona no grata” a la jefa de la diplomacia europea en Venezuela, y advirtió que la misma tenía un plazo de 72 horas para abandonar el país.
Posteriormente, el máximo ente rector del viejo continente asumió la misma medida contra Claudia Salerno, jefa de la misión madurista ante el bloque comunitario europeo.
El pasado lunes 22 de febrero, el consejo del organismo europeo amplió las sanciones contra 19 altos funcionarios de la dictadura, entre jueces, políticos y militares, implicados en el fraude electoral del pasado 6 de diciembre que condujo al asalto del Parlamento, y la posterior”violación de derechos fundamentales” en el país.
El funcionario aseveró que Nicolás Maduro sabe que su historial “no puede resistir el escrutinio“.
“Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios en la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas por estos abusos de derechos humanos“, añadió a su argumento.
Además, informó que EEUU ha visto que los abusos contra los derechos humanos continúan aumentando a manos de Maduro y sus aliados en Venezuela. “Han utilizado la violencia para mantener el control y socavar aún más la democracia. Y el resultado es que millones de venezolanos están sufriendo como consecuencia“, acotó.
Asimismo, aseguró que el Secretario Antony Blinken ha pedido que se fortalezca la coordinación con los aliados de EEUU para reconstruir la presión multilateral, incluso mediante sanciones selectivas contra los responsables de la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Venezuela.
“Creemos firmemente que la acción coordinada con nuestros aliados y socios en este hemisferio, en Europa y en otros lugares, es crucial para apoyar al pueblo venezolano en su trabajo para construir el futuro democrático que tanto se merece“, concluyó.
En marzo de 2020, la administración de Donald Trump presentó cargos criminales por presunto narcotráfico contra Nicolás Maduro, además de altos mandos de su régimen como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, y Maikel Moreno, entre otros.
Por la captura del dictador chavista o información que conduzca a la misma, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares.
