Una vez celebradas estas reuniones, con los testimonios que ha escuchado y con la documentación en su poder analizada, la Delegación vasca ha manifestado que, «transcurrido más de dos años desde la firma de los Acuerdos de Paz», constata «el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos, especialmente líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio».
La Delegación vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia, encabezada por el Gobierno de Euskadi, que ha viajado al país sudamericano entre el 14 y el 19 de julio, ha denunciado este sábado «el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos», en especial líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan «activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio».
La representación vasca ha instado, además, a las instituciones y organizaciones sociales a profundizar en su esfuerzo para lograr «una auténtica cultura de paz y de la convivencia en todos los territorios» de Colombia, donde, según la ONU, al menos 110 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2018. Este año todo apunta a que la situación ha empeorado, ya que han sido al menos 51 las personas comprometidas en esta labor que han sido asesinadas entre enero y abril.
La directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha liderado una Delegación de Derechos Humanos que ha viajado a Colombia entre el 14 y el 19 de julio, en el marco del Programa Vasco de Protección Temporal a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
La Delegación ha estado compuesta, además, por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco: su presidenta, la jeltzale Eva Juez, Leixuri Arrizabalaga, también del PNV; Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu; Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos, y Carmelo Barrio, del PP.
También han compuesto la representación de Euskadi el letrado mayor de la Cámara, Eduardo Mancisidor, además de los integrantes de la Agencia Vasca de Cooperación, Paul Ortega y Ainara Arrieta; las responsables de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcena y Leire Lasa, coordinadoras del Programa, y por las representantes de las ONGDs vascas Mugarik Gabe y Emigrados sin Fronteras, Josune Fernández y Claudia Alejandra Sepulveda, respectivamente.
Durante su estancia en Colombia, la Delegación Vasca ha visitado los territorios de cuatro mujeres defensoras acogidas en el programa: Santander de Quilichao (Cauca), Resguardo Triunfo Cristal Paez (Valle del Cauca), Medellin (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca).
También se ha reunido con diferentes asociaciones, movimientos sociales, organizaciones de protección de personas defensoras y organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), el Congreso de los Pueblos y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Asimismo, se ha entrevistado con el representante adjunto del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e instituciones colombianas, como la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, la Jurisdicción Especial para Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con senadores del Congreso de la Republica. También ha mantenido encuentros con la Procuraduría, la Defensoría y la Gobernación de Antioquía, así como la Embajada de España en Colombia.
Agravamiento de la violencia
Una vez celebradas estas reuniones, con los testimonios que ha escuchado y con la documentación en su poder analizada, la Delegación vasca ha manifestado que, «transcurrido más de dos años desde la firma de los Acuerdos de Paz», constata «el agravamiento de la violencia y el incremento de las agresiones, amenazas y la criminalización contra las personas defensoras de Derechos Humanos, especialmente líderes indígenas, afrodescendientes y quienes trabajan activa y visiblemente en defensa de la paz y del territorio».
En este sentido, apunta que, con al menos 110 personas defensoras asesinadas en 2018, según datos de ONU, Colombia «es uno de los países más peligrosos en el mundo para defender los derechos humanos». Además, subraya que este año este promedio «ha empeorado aún más, ya que al menos 51 personas defensoras han sido asesinadas entre enero y abril».
Por ello, muestra su preocupación «por la situación que se vive en los territorios donde intereses económicos se priorizan frente a la protección de las personas, y están siendo ocupados por actores armados que se disputan su control, y que violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes».
La delegación ha afirmado que ha sido testigo de las amenazadas dirigidas contra el Consejo Comunitario de La Toma en el municipio de Suárez, en Norte del Cauca, para ocupar su territorio.
Por ello, realiza un reconocimiento y muestra su apoyo a «la encomiable labor de las personas que cada día defienden de manera pacífica los derechos humanos, y de aquellas que se ven obligadas a abandonar sus territorios y modos de vida como medida de protección».
Apuesta por la paz
La representación de Euskadi comparte, además, «su incondicional apuesta por la paz», y el apoyo a la labor realizada por la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la aplicación integral de los Acuerdos de Paz.
Tras valorar los avances señalados por la Fiscalía en la implantación de la estrategia de investigación y fortalecimiento para perseguir cualquier delito cometido contra personas defensoras de derechos humanos, agradece su compromiso de hacer seguimiento a los acuerdos adoptados tras el paro cívico de Buenaventura.
También insta a las instituciones a implementar mecanismos de prevención y protección colectiva, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las personas defensoras, y a prestar especial atención en las zonas y colectivos más amenazados».
Reconocimiento de los pueblos
A su juicio, «el reconocimiento de pueblos ancestrales, como los pueblos indígenas y el pueblo Negro, y la legalización de sus territorios son retos pendientes, así como la presencia institucional en las zonas rurales, no solo a través de la seguridad, sino también y principalmente, mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque diferencial».
Por ello, anima a las instituciones y organizaciones sociales a «reforzar el trabajo para generar una auténtica cultura de paz y convivencia en todos los territorios».
Por último, los miembros de la Delegación vasca agradecen la acogida que han recibido por las defensoras, sus comunidades y por el resto de organizaciones, instituciones y organismos internacionales. «Nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos y a velar por que su labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial atención a la implementación real, efectiva e integral de lo acordado en el proceso de paz», concluyen.
