32 defensores y de los derechos ambientales del territorio venezolano han sido asesinados entre los años 2013 y 2021, informó el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) La organización no gubernamental (ONG) alertó que 32 defensores han sido asesinados, 21 de ellos por sicarios mineros y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

IDAED / Tal Cual.

Odevida apuntó que ha registrado un total de 80 casos de defensores de derechos ambientales y del territorio en Venezuela que han sido víctimas de la violencia y la represión. Subrayó que no solo los defensores del ambiente y el territorio han sido víctimas de la violencia, sino también la población civil que habita en los territorios afectados por la minería extractivista.

«El Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerlas) registró entre 2012 y 2018 al menos 30 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela. De ellas, 25 masacres han dejado un saldo de 217 personas asesinadas entre marzo de 2016 y junio 2020, de acuerdo con la investigación basada en fuentes diversas. Entre 2012 y 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha registrado 151 reportes de desaparición de personas en los territorios mineros de Bolívar, vinculados con pagos en oro», recordó Odevida a través de su informe «El aire huele mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio el Colombia y Venezuela».

De acuerdo al documento todas las fuentes de información consultadas coincidieron en señalar que los actores responsables de la violencia vinculada, al menos a la minería en Bolívar y el estado Amazonas son las fuerzas militares o policiales del Estado venezolano por acción u omisión. Así como también bandas denominadas «sindicatos», garimpeiros ilegales brasileños y miembros de las guerrillas colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Disidencias).

Agregó Odevida en la investigación que en Zulia la violencia generada por el conflicto de extracción del carbón y la demarcación de tierras indígenas, mayoritariamente es responsabilidad de sicarios contratados por terratenientes ganaderos, y en menor medida de las fuerzas militares y policiales. En la Guajira venezolana, el responsable de la represión a la etnia wayúu es la FAN.

El observatorio detalló que se ha registrado un progresivo crecimiento de presencia militar en la zona y que además el Gobierno también le otorgó facultades especiales a las Fuerzas Armadas para garantizar la continuidad de la actividad minera e impedir resistencias que obstaculicen las operaciones.

«Un estudio iniciado en 2020 por SOS Orinoco determinó que 35% de los indígenas muestreados (se recolectaron muestras de cabello de 49 indígenas de cuatro grupos diferenciados en la Gran Sabana) tienen concentraciones de mercurio superiores al límite admisible establecido por la Organización Mundial de la Salud. (OMS). Este es el primer estudio de este tipo que se realiza en la Gran Sabana, en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, uno de los rincones más biodiversos de la Tierra y Patrimonio Mundial, declarado por la Unesco. De nada vale que esté prohibido el uso, tenencia, almacenamiento y transporte de mercurio en todas las etapas de la actividad minera, pues el mercurio se trafica libremente en el Sur de Venezuela», agregó Odevida en el documento.

La ONG hizo énfasis en que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas diagnosticó que el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas ni progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos. El organismo destacó que la información oficial es escasa, pero todos los indicios disponibles apuntan a que el número de procesos nacionales por delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos es bajo y se limita a los partícipes de bajo rango.

Odevida alertó que Venezuela no ha ratificado el Convenio de Minamata, que tiene por objeto “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio”. Venezuela es el único país amazónico que no ha ratificado dicho Convenio. Tampoco la nación ha firmado ni ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Para el observatorio el caso venezolano deja ver que las fronteras entre lo legal y lo ilegal no solo son muy borrosas, sino que también se van generando profundas imbricaciones entre grupos estatales y actores ilegales y criminales.

«A nuestro juicio, es necesario entender esto como un orden político en sí mismo, con sus propias características híbridas, que suele establecer sus propios códigos en los territorios, y sus formas de vincularse con el orden del Estado y los circuitos comerciales internacionales de commodities. Una segunda cuestión tiene que ver con el tipo de conflictividad que está prevaleciendo en estos territorios», agregó.

La investigación da cuenta, por un lado, de cómo las principales normativas por país que regulan la actividad minera tienen amplias brechas, especialmente, en materia de participación de las comunidades en la toma de decisiones frente a la intervención de sus territorios, bien sea por ausencia de mecanismos reales de participación o por falta de pedagogía, intencionada, que logre comunicar los verdaderos impactos de la intervención. A su vez, identificamos que en los dos países es necesario que se ratifique el Acuerdo de Escazú, con el propósito de abonar el camino para el fortalecimiento de la protección de los territorios y sus defensores dando garantías institucionales, para esto
se necesitaría voluntad política real y no solo discursos vacíos en conferencias internacionales.