Se cumplen 35 años de uno de los acontecimientos más sangrientos en la historia latinoamericana, ocurrido el 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo venezolano fue salvajemente reprimido por las fuerzas de seguridad, la Policía Metropolitana, Ejército o Guardia Nacional.
¿La razón?, una serie de protestas que se produjeron en respuesta a las medidas económicas aplicadas en el inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de la gasolina, el costo del transporte urbano, el aumento general de los alimentos y otros servicios públicos.
El pueblo se tiró a las calles a protestar contra el aumento generalizado, luego de recibir una oferta electoral que ilusionó con el retorno de la Venezuela saudita de los años 70, cuando el alza del petróleo generó ingresos extraordinarios al país y hubo una bonanza económica.
Era de esperarse, que el quebrantamiento del modelo populista iba a generar en un estallido social, como efectivamente ocurrió desde las barriadas, con inicio en Guarenas-Guatire en el estado Miranda, la noche del 26 de febrero de 1989, fecha que dejaría la mesa servida para que al día siguiente, la capital se incendiara de punta a punta
Viernes negro, el inicio
A partir de la caída del precio del petróleo a principios de los años 80, comenzó una ralentización económica paulatina mientras el Estado venezolano aumentaba sus gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, hecho conocido como el Viernes Negro, que sería la génesis de lo que seis años después llevaría al pueblo venezolano a salir a las calles en disturbios y saqueos, que generaron al menos 300 muertos y miles de heridos.
Enrique Ochoa Antich, activista político y fundador para entonces del Comité de los Familiares de las Víctimas, (Cofavic), se refirió a las dimensiones de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez, durante los sucesos del 27 de febrero.
“El modelo del puntofijismo entró en aprietos, la cual comenzó con una crisis económica, después con una crisis social y terminó en una crisis política, todo ello generado a raíz del Viernes Negro de 1983”, relató Ochoa Antich.
El gobierno de Carlos Andrés Pérez debía presentar una imagen de bonanza que ilusionara a la gente y así creer en un presidente que había ganado las elecciones de 1988 con más del 55% de los votos y a quien no le importó decir en uno de sus discursos que la gente puede olvidarse de sus reivindicaciones laborales porque él había ganado con un altísimo porcentaje, “la gente se sintió estafada y reaccionó” comentó Antich.
Pero ello redundaría en otras acciones, incontrolables para el gobierno por cuanto las figuras de la especulación y acaparamiento surgieron como elementos desestabilizadores.
“La gente se sintió estafada y burlada por lo que se conoció desde un principio como el paquetazo económico, es decir, una serie de medidas y ajustes presentada por Miguel Rodríguez, entonces ministro de Cordiplan, en donde el pueblo debía aceptar privaciones de todo tipo, además de que los mercados y establecimientos escondieron sus mercancías con el fin de revenderlas con sobreprecio. Esa fue la gota que derramó el vaso y las gente salió a las calles”, indicó Ochoa Antich.
Respuesta espontánea
Carlos Andrés Pérez, refiere Ochoa Antich, sobrevaloró su liderazgo individual. De hecho le dijo a los economistas, “ustedes hagan lo que sea necesario, que yo me ocupo de la política”.
Fue así como CAP separó la economía de la política y, al no entender que la economía es política -de allí el término- estaba condenado al fracaso dado que la gente no estaba incluida en el paquetazo.
Con la gente en la calle, el gobierno optó por sacar a todos los cuerpos de seguridad para enfrentar a un desarmado pueblo que solamente clamaba por comida.
El colmo fue culpar a Fidel Castro, quien vino a Caracas semanas antes del 27F a la toma de posesión de CAP, de haber dejado agentes del G-2 como los “autores intelectuales”, de los hechos, matriz de opinión que hicieron correr algunos medios internacionales avalados por la derecha para salir al paso de las repercusiones masivas que tuvo el Caracazo, con su reguero de muertos y la creación de las fosas comunes en La Peste, triste aposento que aún alberga cadáveres y restos no identificados en el Cementerio General del Sur de Caracas.
“A 35 años del Caracazo, aún restan determinar responsabilidades no solamente generales, sino de corte individual”, expresó Ochoa Antich, quien asegura que “muchas víctimas aún no han sido identificadas. Desde Yulimar Reyes, la primera persona que cayó en Parque Central víctima de perdigones en el cuello, poco se logró en lo que se refiere a los derechos humanos para reivindicar a las víctimas”.
Pero la historia no cesa y en Venezuela el 27 de febrero de 1989 se convirtió en un hito que fue seguido por las rebeliones militares de 1992, hechos que abrieron las puertas al cambio político profundo que representó el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998.
Activación del Plan Ávila
El gobierno de Carlos Andrés Pérez, declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y fustigó directamente al pueblo.
En la ciudad de Caracas se activó el Plan Ávila, el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener cualquier situación que las autoridades considerarán como saqueos y el vandalismo, pero que no fue más que una respuesta a medidas neoliberales.
Carlos Andrés Pérez, ordenó la suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda, cuyo horario fue establecido de 6:00 am a 6:00 pm.
La represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital.
