El comisario Iván Simonovis no los olvida. Desde la distancia sus palabras son para Héctor Rovaín, Arube Pérez, Erasmo Bolívar y Luis Molina, los cuatro funcionarios de la Policía Metropolitana aún presos en Ramo Verde, condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002, “el día que un grupo de personas disparó contra unos inocentes y acabó con la vida de 19 personas”.

El prisionero rojo, uno de los presos políticos más antiguos de este régimen junto a sus ocho compañeros de la extinta Policía Metropolitana, está consciente de que no será fácil lograr su libertad y la de toda Venezuela. Pero es un convencido de que se está creando la tormenta perfecta para que se concrete el cese de la usurpación. “No puedo decir que va a suceder mañana, que va a ser inmediato, pero estoy absolutamente convencido de que se va a dar”.

El comisario de la PTJ, Iván Simonovis,  sabe que los señores de la cúpula del régimen duermen con un ojo abierto y uno cerrado, en sitios diferentes y separados. “Mi trabajo consiste en hacer que no duerman bien, pero además de eso que en el día también la pasen mal, pensando quién será el que los traicionará”.

Esa es su forma de hacer justicia. Su empeño está dirigido a lograr que Nicolás Maduro y toda su banda terminen como Noriega, el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, todos con causas criminales en Estados Unidos. “Ninguno terminó bien, así que el régimen tendrá que verse en ese espejo. Así de sencillo”.

Los pistoleros del Puente Llaguno hicieron su trabajo

Iván Simonovis era el Secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas el 11 de abril de 2002, cuando una marcha de más de un millón de personas exigió la renuncia de Hugo Chávez. El trató de impedir una masacre, pero el objetivo oficialista era otro.  Los “pistoleros de Puente Llaguno” hicieron su trabajo. En la avenida Urdaneta y en las adyacencias de Puente Llaguno murieron 19 personas y al menos 100 resultaron heridas. Por esas muertes aún no hay responsables.

Solo fueron juzgados nueve funcionarios de la PM, de los cuales cuatro aún siguen tras los barrotes del Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde. Todos fueron sentenciados por las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano.

Fue el juicio más largo de la historia: 230 audiencias, 265 experticias, 5.700 fotos y 20 videos. También fueron registradas las declaraciones de 198 testigos y 48 expertos, quienes no pudieron demostrar la culpabilidad de los funcionarios.

El 3 de abril de 2009 la jueza 4º de Juicio del estado Aragua, Maryorie Calderón, asumió la autoría de una sentencia redactada por Eladio Aponte, Maikel Moreno y Luisa Ortega Díaz en el Tribunal Supremo de Justicia, por órdenes de Hugo Chávez.

El resultado fue nueve funcionarios sentenciados: A 16 años y 8 meses, el comisario Marco Hurtado; a 17 años y 10 meses, el cabo primero Arube Pérez. Los otros siete recibieron la pena máxima: los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry vivas; el inspector jefe Héctor Rovaín, el sargento Julio Rodríguez, el cabo primero Luis Molina y el agente Erasmo Bolívar fueron condenados a 30 años de prisión.

Se les condenó por delitos comunes: Homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, uso indebido de arma de fuego, homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva, lesiones personales graves en grado de complicidad correspectiva y cómplice necesario en el delito de lesiones personales leves.

Iván Simonovis estuvo preso 14 años, 5 meses y 24 días. Ese tiempo lo pasó entre los pasillos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la cárcel militar de Ramo Verde, y su casa, donde fue enviado tras acumular 19 patologías ocasionadas por el encierro. En las narices de funcionarios del Sebin, el 16 de mayo de 2019 escapó del arresto domiciliario, que había recibido el 19 de septiembre de 2014.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra desde junio de 2019 en su condición de jefe de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino de Juan Guaidó, habló de los sucesos del 11 de abril, de la lucha por lograr la libertad de sus compañeros y de toda Venezuela.

Pero en especial de sus esfuerzos por hacer que la justicia impere y que quienes usurpan hoy el poder paguen por todo el daño que le han hecho a una Venezuela, hoy prácticamente en ruinas.

¿Qué pasó el 11 de abril?

-Ese día, espontáneamente un millón de personas se concentraron en Chuao y legítimamente trataron de desplazarse hasta el centro de la ciudad para exigirle a Hugo Chávez que renunciara. Fueron recibidos por un número importante de sujetos que les dispararon y causaron 19 muertos y por lo menos 100 heridos.

El 11 de abril de 2002 usted aclaró que la PM no podía garantizar la seguridad de la marcha que decidió ir a Miraflores ¿Por qué responsabilizarlos por una decisión popular que les fue ajena?

-Nos quisieron responsabilizar a los funcionarios de la PM y a mí como secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor,  porque ellos son expertos en cambiar las cosas. Es como el cuento del tipo que está en una parada de autobuses y empieza a pegar gritos y a decir “allá va el ladrón”. Eso es exactamente lo que hace el régimen.

Lo que ocurrió fue público internacionalmente. En imágenes de Venevisión se vio como una serie de personas, desde Puente Llaguno, disparaba contra los manifestantes. Luego de eso el gobierno buscó revertir toda esa historia y fabricar unos culpables, que terminamos siendo los funcionarios de la Policía Metropolitana, cuatro de los cuales aún están presos.

Usted logró proteger 744 marchas en 2000 y más de 1200 en 2001. ¿Qué pasó en 2002 que hubo 19 muertos? Fue un plan orquestado por el gobierno para acusar a la oposición de asesinar chavistas?

– La diferencia de las marchas que logramos proteger es que en ellas no tenían apostados unos pistoleros como en el caso de Puente Llaguno. Cuando eran marchas normales, de la gente que tiene derechos y está reclamando algo, con las estrategias de la policía se podían controlar. En cambio, el 11 de abril fue un grupo de personas que disparó contra unos inocentes y eso cambió totalmente la dinámica.

¿Qué hay detrás de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 abril del 2002? José Vicente Rangel les pagó para que los acusaran, ¿por qué?

La Asociación de víctimas del 11 de abril la integran personas del oficialismo que tenían familiares que murieron en los sucesos del 11 de abril. Fueron los menos afectados, aunque no por eso dejaron de ser importantes

Todas esas personas fueron totalmente manipuladas y financiadas por la vicepresidencia, a través de José Vicente Rangel. Así lo reconocieron ellos y también el abogado acusador, Amado Molina, el mismo que me conseguí en Miami paseando con el dinero que le dio José Vicente Rangel. Esa asociación no surgió espontáneamente, ellos fueron financiados con la intención de acusar a los policías.

-¿17 muertes no han sido investigadas y esa asociación no ha presionado por su esclarecimiento?

Los familiares de las 19 personas que murieron en los sucesos del 11 de abril y de por lo menos 100 heridos aún esperan respuestas. En los dos casos que nos endosaron a nosotros no se logró demostrar que fuimos responsables, a pesar de que hicieron todas las trampas que les dio la gana, manipularon evidencias, llevaron testigos falsos y alteraron pruebas.

Era descabellado por una razón muy sencilla: La parábola balística no daba, era imposible que desde la posición en que se encontraban los policías le causaran la muerte a ninguna de las dos personas por las que al final nos sentenciaron. Las otras 17 muertes jamás fueron investigadas

-¿Por qué fue la PM el chivo expiatorio del gobierno?

La PM fue la policía que enfrentó al régimen. La institución estaba en la primera línea de fuego protegiendo y custodiando a las personas cuando manifestaban, como un legítimo derecho. Eso para el régimen no era aceptable.

Pero además, cuando el alcalde Alfredo Peña, que en un principio estuvo bajo el paragua de Hugo Chávez, dejó de apoyar a la revolución, todos nos convertimos automáticamente en enemigos del régimen.

Los verdaderos responsables del  11 de abril están libres, fueron premiados con cargos públicos. Los acusadores de los funcionarios también recibieron beneficios.  ¿Cree que la justicia sancionará a esas personas?

Es una práctica del régimen. Cada vez que  alguien acusa a algún funcionario de haber violado la ley, ellos lo premian y lo hacen en forma de burla, para que quienes los apoyan se sientan más seguros.

¿Qué han hecho con las sanciones de la  Oficina de Control de Activos Extranjeros  o con la investigación por terrorismo y narcotráfico del gobierno de Estados Unidos? Pues burlarse.

El que no la debe no la teme. Si son tan bravos  por qué no agarran un avión y aterrizan en Washington o en Nueva York, y dicen aquí estoy yo para que me demuestren que soy culpable. No lo hacen por qué son culpables y porque no tienen el coraje para dar ese paso.

Eladio Aponte, Maikel Moreno, Luisa Ortega Díaz y Maryorie Calderón  son los artífices de las aberraciones jurídicas en este juicio que se extendió por 3 años y 14 días.

Los apoyaron Juan Luis Ibarra, presidente del circuito judicial del estado Aragua, el juez Francisco Mota  y las fiscales Haifa El Aissami, Tursi Simanca y Sonia Buznego. ¿Qué tipo de sanción espera para ellos?

-Todas estas personas tuvieron diferentes cuotas de participación en la decisión que terminó con la condena de nueve policías, la mayoría a 30 años de prisión. Con el tiempo todos tienen que rendir cuentas. Todas las personas que han violado la ley en algún momento tienen que presentarse y explicar qué fue lo que pasó allí, todos, absolutamente todos.

Eladio Aponte reconoció en 2012 que ustedes eran inocentes y que Chávez le ordenó meterlos presos. ¿Por qué no salieron libres en esa oportunidad?

Lo más importante fueron las declaraciones de Eladio Aponte Aponte, quien envió un documento certificado, que tenemos en nuestro poder, en el que asevera que la decisión de encarcelarnos, enjuiciarnos y condenarnos fue de Hugo Chávez.  

Lo dijo incluso en una entrevista  en la que aclaró que en un momento dado Chávez le dijo: “Es bueno que salgas ya de eso, dales la condena”. Y bueno, ellos redactaron eso en el TSJ y mandaron la sentencia a la jueza Maryorie Calderón. El de esta jueza es otro nombre que no hay que olvidar.

El sistema de justicia venezolano en general está corrompido. En el caso de los presos políticos está manipulado, que es una cosa muy diferente.

Hoy en día muchísimos fiscales viven de la corrupción, ni hablar de los jueces, que carecen de un conocimiento específico y profundo de las leyes. Llegan al cargo desesperados por hacer algo de dinero y sencillamente se apegan a lo político y se hacen socios del régimen.

Este es el caso de Maikel Moreno y de Maryorie Calderón , pues la única posibilidad de que ambos estén ocupando esos cargos que hoy tienen se las dio precisamente el caso 11 de abril. Ellos también están en la lista. Absolutamente tendrán que rendir cuentas.

-¿Por qué el ensañamiento en su contra, al punto de no dejarlo recibir atención médica?

-El ensañamiento que hay contra mí es porque ellos saben de mis capacidades intelectuales y como policía. Soy una persona perfectamente entrenada, que sabe cómo se maneja la ley y cuando hay que tomar las decisiones desde el punto de vista policial. Ellos se han rodeado toda la vida de incapaces y mediocres y esa gente le tienen miedo a las personas preparadas.

Desde que llegué a EEUU he dedicado todo el tiempo a hacer lo que mejor sé hacer.  Identificar y buscar pruebas de las personas que han cometido un delito. Juré en el año 1981, cuando recibí mi placa,  defender las leyes. Así lo estoy haciendo y así seguiré.

-El comisario Marco Hurtado salió en libertad casi dos meses después de cumplir su condena. ¿Cree que eso formó parte de las retaliaciones propias de este caso?

-El comisario Marco Hurtado salió, entre otras cosas, por la presión de la familia y sus amigos. Ya no podían justificar tenerlo preso, había cumplido su condena íntegra. El pagó más del tiempo que le correspondía, pues era beneficiario de medidas alternativas al cumplimiento de la pena, ya que siempre tuvo un comportamiento serio y jamás fue vinculado a eventos criminales dentro de la cárcel. Aún así lo tuvieron preso ilegalmente casi dos meses después de vencida su sentencia.

Los policías metropolitanos aún presos en Ramo Verde tienen medidas alternativas al cumplimiento de la pena vencidas desde 2007. ¿Por qué cree que no se las han otorgado?

-El del 11 de abril es un caso emblemático porque quien perdió el poder fue Hugo Chávez. Mientras puedan seguir dañando en venganza por lo sucedido con Chávez, que perdió el poder porque era un incapaz, lo harán. Se están vengando con estos cuatro funcionarios que ya van a cumplir 17 años tras las rejas siendo inocentes.

-Usted reconoció tras su fuga, que si el régimen lo hubiera ubicado antes de salir del país no habría sobrevivido. “Mi final iba a ser exactamente el mismo que el que tuvo Óscar Pérez”. ¿Cómo se sobrepuso a ese temor?

-Cuando a mi me dijeron que habían muchas posibilidades de regresarme a la cárcel, a Ramo Verde o a Fuerte Tiuna, yo tenía claro que eso no sucedería.  Fue cuando decidí definitivamente salir de mi casa del país.

Cuando tu tomas ese tipo de decisión y estás enfrentando a un régimen asesino como el que existe en Venezuela, sabes que todo dependerá de tus capacidades y de hacer las cosas bien. Obviamente las circunstancias también ayudan.

A  mí me ayudaron todas esas y unos amigos.  Cuando salí de mi casa me decía: O llego a EE.UU. y soy libre o estoy muerto, porque yo a la cárcel no regresaré. Así fue como me lo planteé y gracias a Dios se dio que pude llegar a los EE.UU.

¿Que en su fuga hayan colaborado funcionarios policiales y militares da esperanza?

-Hay un porcentaje muy, muy, alto de funcionarios subalternos y de jerarquía, así como de militares, que están absolutamente desesperados porque las cosas cambien.

Pero el que levante la voz o se atreva a hacer algún tipo de comentario, termina como están los 200 militares presos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), torturados, muriéndose ellos y sus familias. Es la práctica típica de la dictadura, sembrar el terror para que la gente, en este caso oficiales militares y policías, haga lo que ellos quieren.

-Usted se prometió hacer lo que fuese necesario para conseguir su libertad y lo logró. Si pudo demostrar que el régimen es vencible, ¿cómo hacer que los presos políticos, entre ellos los cuatro PM, recuperen su libertad?

-Yo quisiera tener respuestas sencillas para una pregunta tan difícil, pero no las tengo. Desde mi posición hago todo lo que sea posible y necesario para lograr la libertad de Rovaín, Pérez, Bolívar y Molina.

Les he mandado mensajes, he hablado con sus familiares, muchos políticos están haciendo lo necesario para ver si es posible su libertad.

¿Por qué cree que la cúpula gobernante es vulnerable en este momento?

-La cúpula gubernamental es vulnerable. Yo en lo personal tengo acceso a mucha información de ellos, que me da gente de su entorno y ellos saben que es así. Han amenazado a jefes de seguridad, a muchas personas cercanas porque saben que son vulnerables y ahora lo son mucho más.

Una vez que el gobierno de EEUU, que el Departamento de Justicia  en voz del Fiscal General de la Nación, anunció que todos tenían un juicio criminal por promover el terrorismo y narcotráfico en Latinoamérica y les puso precio a su cabeza, esos señores duermen con un ojo abierto y uno cerrado, en sitios diferentes y separados.

Mi trabajo consiste en hacer que no duerman bien, pero además que en el día también la pasen mal, pensando quién será el que los traicionará. Hay muchas posibilidades de que eso suceda

Usted está dedicado a intercambiar información con otros gobiernos sobre personas involucradas con hechos de corrupción que vivan en esos países. ¿Qué se ha logrado hasta ahora?

-El intercambio de información ha servido para tener más evidencia en los casos de corrupción, narcotráfico, legitimación de capitales, entre otros. Junto a la DEA tenemos identificadas y monitoreadas actividades del narcotráfico con personas activas en el gobierno. Todo eso forma parte de las cosas que hago con un equipo que me acompaña.

Tras su decisión de recabar información sobre narcotráfico y corrupción en el país ¿Qué espera? ¿Una condena para Maduro y su combo? o ¿Un cambio de gobierno que implique entre otras cosas la libertad de los presos políticos?

-El juicio que se sigue a Nicolás Maduro y toda su banda no es más que un encausamiento judicial. Toda causa criminal termina con la detención de la persona involucrada.

Este caso va a terminar exactamente igual. Hoy habló el señor Mauricio Claver, asesor para Latinoamérica de Trump, y dijo claramente: “En el caso de Noriega, el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, todos fueron enjuiciados y tenían causas criminales por EEUU. Ninguno de ellos terminó bien”. Así que el régimen tendrá que verse en ese espejo. Así de sencillo

-¿Por qué los venezolanos debemos mantener la esperanza?

-Es difícil hablar de esperanza a los venezolanos en estas circunstancias, más ahora con el coronavirus. Lo entiendo porque lo viví. Estuve 15 años preso, nueve de ellos en un pasillo de una mazmorra y sé lo que se puede sentir en estas circunstancias.

Pero puedo decir que en este momento se está dando una serie de circunstancias que están creando la tormenta perfecta para que se concrete el cese de la usurpación. No puedo decir que va a suceder mañana, que va a ser inmediato.

Aún hay una serie de decisiones que hay que tomar para que esto se dé, pero estoy absolutamente convencido de que se va a dar. En eso estamos trabajando todos los días, así que yo apuesto a que el próximo 11 de abril estas declaraciones, en lugar de darlas a la distancia, las daré junto a todos los venezolanos, en Libertad.

ElNacional