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Sentencian a venezolano por participar en red de corrupción y lavado de dinero con Corpoelec

La Corte del Distrito Sur de la Florida condenó a un contratista asociado al expresidente de la Corporación Eléctrica de Venezuela, general Luis Alfredo Motta Domínguez, a 51 meses de prisión y a una sentencia de dinero. Luis Alberto Chacín Haddad fue procesado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción, pago de sobornos y lavado de dinero vinculado a Corpoelec.
Chacín Haddad, (junto a otro contratista del Estado venezolano, Jesús Veroes), participó en un esquema de corrupción que incluyó a varias empresas ubicadas en el estado de Florida. Chacín Haddad y Veroes pagaron sobornos a funcionarios de Corpoelec, en particular al expresidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez.
La defensa de Chacín Haddad había apelado a benevolencia del juez solicitando 18 meses de condena, pero el magistrado siguió la pauta de sentencias federales y lo sentenció a 51 meses, equivalente 4 años y 3 meses.
De acuerdo a los documentos del gobierno estadounidense, Luis Alberto Chacín Haddad pagó coimas a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, en particular al presidente de Corpoelec para obtener contratos de la empresa eléctrica por unos $ 60 millones a empresas ubicadas en el estado de la Florida.
La fiscalía sostuvo que Chacín Haddad violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por haber participado durante varios años en un esquema de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios extranjeros.
Los fiscales probaron que Chacín Haddad obtuvo, gracias al pago de los sobornos, múltiples contratos a través de los cuales ganó 11 millones de dólares. Las empresas usadas para esas contrataciones están ubicadas en territorio norteamericano y los fondos transferidos fueron movilizados en el sistema financiero estadounidense.
La fiscalía advirtió que durante el esquema de corrupción Chacín Haddad y Jesús Verores obtuvieron cada uno $ 5,5 millones en ganancias.
El esquema de corrupción y pago de sobornos
Jesús Veroes y Luis Alberto Chacín fueron procesados por la justicia de los Estados Unidos por  conspirar para lavar dinero, cometer ofensa a una nación extranjera, pagar sobornos a funcionarios públicos, malversación y robo de fondos públicos.
Veroes, un conocido contratista venezolano, fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 14 de marzo de 2019,  en Doral acusado por las negociaciones irregulares que mantenía con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) cuyos fondos fueron lavados mediante operaciones orquestadas con Chacín Haddad en el sistema financiero de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense vinculó está trama de corrupción con el exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, con quien Veroes mantiene una relación de compadrazgo y amistad de larga data. Motta Domínguez es uno de los funcionarios mencionados en los documentos que sirvieron para establecer la causa probable de su acusación por el sistema judicial estadounidense.
El proceso judicial contra Veroes y Chacín Haddad coincide con la agudización de la crisis que padece Venezuela, país que se mantiene prácticamente a oscuras en razón del colapso de su sistema eléctrico, pese a las grandes inversiones por contratos suscritos a lo largo de veinte años por las administraciones socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que en nada han traducido en la solución del grave problema.
Contratos como los que los documentos judiciales que a continuación se presentan son un ejemplo de la corrupción imperante en las instituciones venezolanas.
Veroes y Chacín Haddad —residenciados en Estados Unidos— vendieron a Corpoelec transformadores y equipos por millonarias sumas a pesar de que no eran compatibles con el sistema eléctrico venezolano sino con los de Cuba y Nicaragua, tal como lo refiere el primero de los imputados en una de las conversaciones grabadas por un testigo cooperante en el proceso de investigación que se le siguió y que desembocó en su detención.
Los documentos presentados para la acusación muestran cómo Veroes alardeaba de ser el responsable de conseguir los contratos en razón de su relación con altos funcionarios del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec. De hecho, en algún momento de la conversación se refiere al funcionario venezolano como “ministro”. Se trata de cuatro contratos para vender a Corpoelec equipos por USD 6.429.000, por USD 9.789.250, por USD 893.713,89 dólares y otro que se suscribió entre la empresa venezolana la firma de un Co-Conspirador, quien preside una corporación de Florida con sede en Port St.
El caso
El 14 de marzo de 2019, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, la fiscal de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, presentó el caso N° 19-2352-JJO, en el que denunció que entre 2016 y 2017, en el condado de Miami-Dade en el Distrito Sur de Florida, el acusado Jesús Ramón Veroes, violó el la sección 18 del Código de los Estados Unidos (1956) al conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.
Se presentó una declaración jurada del Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) asignado al Grupo de Trabajo de la Oficina de Campo de Miami, Área de Tráfico de Alta Intensidad de Drogas (HIDTA), Warren E. Rogers Jr., quien ha ejercido durante 17 años como agente del IRS, en la que manifestó que existe una causa probable para creer que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, conspiraron deliberadamente para para intentar participar en una transacción monetaria criminal por un valor mayor a los USD 10.000 derivada de una actividad ilegal que infringe la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y por cometer delitos a nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, todo ello en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a) y del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (h).
Rogers declaró que la información suministrada en su declaración jurada se formuló únicamente con el objetivo de establecer la causa probable que justifique el arresto de Veroes y Chacín Haddad por los delitos que se les imputan.
El agente especial del IRS advirtió que no incluyó en la declaración jurada todos y cada uno de los hechos y circunstancias conocidos, sino solo aquellos que estimó como suficientes para establecer causa probable para la acusación.
Rogers narró que como agente especial del IRS-CI, sus responsabilidades incluyen —aunque no se limitan— investigar las violaciones criminales del Título 26, Código de los Estados Unidos (USC) (Código de Ingresos Internos), Título 18, USC 1956, 1957, 1960, Título 31 USC , infracciones a la Ley de secreto bancario (BSA) y otros delitos relacionados. Precisó que durante los últimos cinco años fue asignado exclusivamente a la Fuerza de Tarea del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Sur de la Florida (HIDTA, por sus siglas en inglés), despacho que investiga los casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico de la Fuerza de Tarea contra la Droga (OCDETF).
Explicó que durante su permanencia en el HIDTA del sur de Florida, trabajó como agente principal en numerosas investigaciones de lavado de dinero de organizaciones de narcotraficantes (DTO) y de lavado de dinero, las cuales han involucrado violaciones del Título 18, Secciones 1956 de la USC, 1957, 1960, 1962 (RICO), así como otras operaciones de lavado de dinero relacionadas con el fraude federal, incluido el fraude por correo, el fraude electrónico y el fraude hipotecario. Agregó que también llevó a cabo y participó en investigaciones de decomiso de activos relacionadas con las Secciones 981 y 982 del Título 18 de la USC, con base a violaciones del Título 18 de la USC 1956, 1957 y 1960 en materia de lavado de dinero. Informó que a la fecha de su declaración se encontraba trabajando en el Equipo de lucha delitos financieros (Financial Investigative Strike Team) investigando operaciones comerciales relacionadas al lavado de dinero que tienen que ver con actividades en los sistemas de cambio de moneda del mercado negro.
Antecedentes
La declaración jurada de Warren Rogers Jr. refiere que Luis Alberto Chacín Haddad es un ciudadano venezolano residente de en los Estados Unidos donde administra negocios en la ciudad de Miami, a través de las que se identifican como Compañía 1 y Compañía 2, las cuales se encuentran registradas de acuerdo a las leyes del estado de la Florida. Estas empresas compran productos de todo el mundo para exportarlos a América Central y del Sur, siendo que la Compañía 1 posee una cuenta bancaria en Citibank (Miami, Florida) y la Compañía 2 tiene su cuenta en el Bank of America (Miami, Florida).
Entretanto, Jesús Ramón Veroes, es un venezolano que figura como presidente de la que se identifica en la investigación como Compañía 3, la cual tiene sede en Doral, Florida y está registrada de acuerdo a la legislación de este estado. Se indica que la Compañía 3 posee una cuenta bancaria en Bank of America, configurándose dicha empresa como una preocupación nacional tal como se define ese término en la FCPA.
Se refiere que el Funcionario extranjero N° 1 es un funcionario de alto nivel en el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cual es controlada por el gobierno venezolano, quien ejerce funciones en ese país, por lo que encaja en lo establecido en la FCPA para definir a dicho funcionario.
Por su parte, el Funcionario Extranjero N° 2 es un funcionario de alto nivel en adquisiciones en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Su identificación como tal atiende a lo establecido en la FCPA.
El testigo Confidencial 1 (CW-1, por las siglas en inglés de Confidential Witness) es un ciudadano con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, quien reside en Miami, Florida. Este individuo se perfila como una preocupación doméstica, tal como se define ese término en la FCPA. Se indica sobre esta persona, que aproximadamente en 2010, participó en varias empresas comerciales con Chacín Haddad y junto a este ocupó oficinas conjuntas en un edificio ubicado en Doral, Florida.
CW-1 proporcionó información a la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
La conspiración
La declaración jurada del agente especial Rogers precisa que aproximadamente en febrero de 2016, Chacín Haddad informó a CW-1, mientras sostenían una conversación telefónica, que tenía conexiones comerciales en Venezuela a través de Jesús Ramón Veroes, en razón de la relación que este último mantenía con el funcionario extranjero 1.
Para mayo de 2016, Luis Alberto Chacín Haddad llamó a CW-1 cuando este se encontraba en China, para solicitarle que buscara unos transformadores que servirían para atender un contrato futuro con Corpoelec. Le refirió que la relación de Veroes con el Funcionario Extranjero N° 1 les permitiría obtener contratos de suministro de generadores y montacargas a Corpoelec. Chacín le refirió a CW-1 que el funcionario extranjero 1 había ordenado a Veroes que coordinara todo a través del funcionario extranjero número 2. Se advierte que a CW-1 no le fue posible conseguir en China un agente que le proporcionara los transformadores conforme a lo solicitado por Corpoelec.
La investigación estableció que en o alrededor del 15 de junio de 2016, CW-1 y Chacín Haddad se reunieron en sus oficinas en Doral, donde el segundo manifestó tener los siguientes contratos en su poder: Uno suscrito el 25 de mayo de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara montacargas a Corpoelec por USD 6.429.000; otro firmado el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara transformadores a Corpoelec por USD 9.789.250; un contrato suscrito el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara generadores a Corpoelec por USD 893.713,89. Tales contratos fueron firmados por el funcionario extranjero número 2.
Igualmente, Chacín Haddad también tenía pedidos de compra de Corpoelec para transformadores, generadores y otros equipos. Le manifestó a CW-1 que existía un cuarto contrato entre Corpoelec y Co-Conspirador 1, quien es presidente de una corporación de Florida con sede en Port St. Lucie, para proporcionar partes diversas a la Corporación Eléctrica Nacional.
Se informa de una reunión sostenida el 15 de junio de 2016 en Doral, Florida, donde Chacín Haddad discutió con CW-1 lo relativo al acuerdo entre todas las partes involucradas en los contratos de Corpoelec y lo atinente a la división de las ganancias. Al respecto, Chacín Haddad dijo que, en primer lugar, el funcionario extranjero Nº 1 recibiría un pago de USD 2.5 millones, mientras que él (Chacín), Veroes, Co-Conspirator-1 y CW-1, recibirían cada uno el 25 por ciento del beneficio restante. También Chacín dijo que Veroes se encontraba trabajando en la obtención de un bono privado en Venezuela para que Corpoelec liberara la mitad del dinero adeudado a la Compañía 1, esto en virtud de que los contratos se estructuraron de manera que Corpoelec pagara el 50 por ciento del precio del contrato por adelantado.
Veroes no pudo concretar el referido bono, pero posteriormente, CW-1 obtuvo bonos de un banco venezolano que cubren los contratos de montacargas, transformadores y generadores como resultado de la conexión con el propietario del banco.
Se indica que aproximadamente a fines de julio de 2016, Veroes, Chacín Haddad, el hijo de este y CW-1, viajaron a los Emiratos Árabes Unidos para visitar una compañía que vendía carretillas elevadoras donde, finalmente, la Compañía 1 compró 28 carretillas elevadoras de esta compañía, así como 13 carretillas elevadoras de otra compañía por aproximadamente USD 1.5 millones que totalizaron ambas operaciones. La Compañía 1 facturó a Corpoelec aproximadamente USD 6.429.000 por 40 de esos montacargas, lo que representa una ganancia de más del 300 por ciento.
Posteriormente, en 2016, Chacín Haddad y CW-1 tuvieron una caída relacionada con el contrato del transformador. El primero dejó de comunicarse con CW-1 y cortó los negocios compartidos con este. Luego, CW-1 obtuvo copias de documentos relacionados con los contratos de Corpoelec para los montacargas, transformadores y generadores de una secretaria que compartía con Chacín Haddad. El testigo confidencial proporcionó copias de estos documentos a la DEA.
Del mismo modo, a principios de 2018, CW-1 obtuvo un documento con el logotipo de Corpoelec que contiene una tabla con información sobre nueve contratos de dicha corporación en la que se enumeran cinco contratos entre la Compañía 1 y Corpoelec por un total de USD 23.198.663,90 donde estaban contemplados, entre otros, los contratos de montacargas, transformadores y generadores mencionados anteriormente. También tres contratos entre la Compañía 2 y Corpoelec, donde uno de estos era para el suministro de bombillas, por un total de USD 13.003.208. Igualmente, otro contrato entre la compañía de Co-Conspirator 1 y Corpoelec por USD 685.000. El precio total de estos contratos era de USD 36.886.871. La tabla refería que la mayoría de los contratos se habían designado como entregados y procesados en su totalidad.
Se refiere que en marzo de 2017, Jesús Veroes se reunió con CW-1 en la oficina del segundo en Doral, Florida y la conversación entre ambos fue grabada. El audio revela que Veroes dijo que Corpoelec no les había pagado porque la cuenta de Citibank de la Corporación Eléctrica Nacional estaba cerrada.
La conversación también da a conocer que Jesús Veroes dijo que existían dos nuevos acuerdos con Corpoelec e informó que no habían recibido el pago por esos contratos.
Veroes dijo que Chacín Haddad no sabía que él estaba llegando al total de CW-1 y que se encargaría de asegurar el pago del testigo confidencial por su parte de los contratos. Agregó que obtuvieron los contratos con Corpoelec debido a su conexión con el Funcionario Extranjero N° 1 y afirmó que Chacín Haddad o Co-Conspirator 1 nunca hubieran obtenido negocios de la empresa eléctrica a no ser por su contacto con dicho Funcionario Extranjero N° 1. Advirtió que si lo relacionado con los pagos no se resolvía pronto, le solicitaría al “ministro” —haciendo referencia al funcionario extranjero número 1— que se comunicara con otro funcionario para que lo ayudara a obtener el dinero. Veroes reiteró cómo se llevaría a cabo la división del dinero entre él, Chacín Haddad, Co-Conspirator 1 y CW-1. Informó que él sería el responsable de pagar al Oficial Extranjero N° 2 y al otro Corpoelec.
En otra reunión sostenida en marzo de 2017, Jesús Veroes declaró que había enviado 500 transformadores a Corpoelec, pero que estos equipos no podrían usarse en Venezuela porque solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua. Los transformadores —según dijo— estaban en un patio de almacenamiento de Corpoelec. La referida incompatibilidad no fue óbice para que Corpoelec enumerara el contrato del transformador como entregado y procesado en su totalidad de acuerdo con la tabla de contratos discutida anteriormente.
Se precisó que CW-1 nunca recibió su parte del dinero de los contratos de Corpoelec acordados por Chacín Haddad y Veroes.
Transferencias bancarias
Los registros reflejan una serie de transferencias bancarias de Corpoelec a cuentas asociadas con Luis Alberto Chacín Haddad y Jesús Ramón Veroes.
— El 12 de julio de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.211.286 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.
— El 4 de agosto de 2016 o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.894.226 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.
— El 8 de agosto de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 446.210 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.
— El 11 de octubre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.428.409 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.
— El 16 de noviembre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 981.352,48 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.
— En o alrededor de diciembre de 2016, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 445.906 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.
—En o alrededor del 4 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.539.985,81 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.
Todas estas transferencias se efectuaron a la cuenta bancaria finalizada en los dígitos 1390.
— Entre aproximadamente el 22 de agosto de 2016 y el 11 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.476.152 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 terminada en 8828). Las notas de la transferencia hacen referencia al anticipo del contrato NCO-PR-2016-135 suscrito entre Corpoelec y la Compañía para el suministro de bombillas cuyo precio fue de USD 5.799.000.
— Entre el 4 de abril de 2017 y el 11 de mayo de 2017, la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 (terminada en 8828) transfirió USD 2.566.984 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 3 (terminada en 1683), pago que tenía que ver con un avance del mismo contrato de bombillos referido en el párrafo anterior.
Por último, Warren E. Rogers. Jr. refiere que con base a todo lo expuesto en la declaración jurada, se determinó la existencia de una causa probable para presumir que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad conspiraron para comprometerse o intentar realizar una transacción monetaria a sabiendas de que trataba de una operación criminal de un valor superior a USD 10.000 provenientes de actividades ilegales específicas.
A saber, Rogers hizo mención a infracciones por delitos graves contemplado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en contra del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a), violación total del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).
La declaración jurada de Warren E. Rogers. Jr. fue emitida ante el juez John Sullivan, el 14 de marzo de 2019.
Sobre el sentenciado
Por su parte, Luis Alberto Chacín Haddad, nació el 7 de mayo de 1965, es portador de la Cédula de Identidad número V-6.403.812 y se le ubica en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta[4].
Sufraga en la Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoiris, ubicado en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.
No figura registrado en el IVSS.
Este empresario (contratista) de origen margariteño y residente en los Estados Unidos es señalado de ser uno de los presuntos testaferros de Motta Domínguez. Tiene varias propiedades en Miami y junto a su hijo, Luis David Chacín, participó en los negocios irregulares con el expresidente de Corpoelec.
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