«No hay quinto malo». Nicolás Maduro y su equipo parecen creer que este refrán popular es cierto, pues pese a que a lo largo de estas dos décadas de gobiernos chavistas el Poder Judicial ha sido sometido al menos a cuatro grandes reformas, sin que ninguna de ellas haya arrojado los resultados esperados, han puesto en marcha una quinta que bien puede considerarse un refrito, porque está basada en propuestas e iniciativas que se plantearon en el pasado y que nunca terminaron de ejecutarse.

«Debemos territorializar la justicia. Esta es una de las cosas que le pido a esta Alta Comisión que se ha instalado para la transformación del sistema de justicia. Vamos a llevar la justicia a la comunidad», afirmó Maduro al convertir los polémicos Cuadrantes de Paz en una Gran Misión.

¿Pero qué implica esta petición? De acuerdo a lo informado por Maduro, lo principal será poner en marcha las Casas de Justicia y Paz, centros donde funcionarán todos los órganos del sistema de justicia (policía, fiscales, jueces y defensores públicos) y que se encargarán de tramitar los llamados delitos menos graves; es decir aquellos cuya pena máxima no supere los ocho años de cárcel.

«Es una justicia preventiva, que educa y establece reglas de juego en sociedades tan complejas», afirmó Maduro, mientras el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, agregó que las mismas buscan que «los ciudadanos sientan que la justicia está a la mano y que llega de forma expedita».

Para un desprevenido la idea podría sonar innovadora, el problema está en que no es para nada novedosa ni mucho menos original, porque ya figuraba en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, el último plan de seguridad que el fallecido Hugo Chávez lanzó en 2012 y el cual fue presentado como la primera política integral de Estado en materia de seguridad ciudadana.

«Copia y pega»

Uno de los llamados vértices de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela era la municipalización de la justicia, lo que ahora las autoridades han rebautizado como «territorialización»; para ello se proponían construir setenta y nueve Casas de Justicia y Paz en igual cantidad de municipios, los más violentos y conflictivos del país.

A ocho años de la puesta en marcha de la iniciativa se desconoce a ciencia cierta si el objetivo se logró.

El TSJ no ha informado cuántas casas existen, pero si a estas alturas aún no hay jueces municipales penales en los 365 ayuntamientos del país, los cuales fueron creados por la reforma que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) también en 2012; ni tampoco hay tribunales especializados en violencia contra la Mujer en todos los estados, pese a que la ley daba un año para abrirlos, es difícil de creer que los setenta y nueve centros estén funcionando.

En noviembre de 2018 el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Hanthony Coello, anunció que a lo largo de 2019 se abrirían treinta Casas de Justicia, pero no hay registros que permitan verificar si esta meta se logró. Las autoridades han obviado explicar por qué las metas de la Misión A Toda Vida no se cumplieron.

Las grandes misiones Cuadrantes de Paz y A Toda Vida Venezuela se parecen mucho, pero en la primera no se sabe quiénes participaron y, vista la militarización que ha sufrido el tema de la seguridad ciudadana en los últimos años esta iniciativa es más bien un riesgo para los ciudadanos y probablemente un modo de represión adicional dado su carácter ideológico.

Otra iniciativa relacionada que supuestamente también buscaba provocar una «revolución en el sistema de administración de justicia, para coadyuvar en la lucha contra la impunidad» fue la Misión Justicia Socialista, decretada por Maduro en 2017.

De acuerdo a lo establecido en el decreto presidencial 2.718, este plan buscaría garantizar el acceso a la justicia mediante «la red primaria de atención jurídica gratuita» y transformar la profesión del abogado «a partir una nueva ética que profesional que supere la mercantilización capitalista».

En su momento, Acceso a la Justicia cuestionó la iniciativa por considerar que no perseguía mejorar el sistema sino «adoctrinar a la población en la existencia de un “derecho” distinto al del mundo moderno, que es el de los derechos humanos, por en cambio el derecho de la democracia socialista, que como hemos visto hasta ahora de democrático no tiene nada».

Haciendo memoria

Desde 1999, el Poder Judicial ha vivido al menos cuatro grandes reformas. La primera se produjo a los pocos meses de que el fallecido Hugo Chávez llegara al poder y se produjo bajo el proceso constituyente que este impulsó. Así, la primera Constituyente chavista decretó la llamada Emergencia Judicial, que lideró el también desaparecido Manuel Quijada y durante la cual unos 491 jueces fueron destituidos, bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito hasta baja productividad. 

Este proceso estuvo señalado por muchos expertos como el inicio de la cooptación de la justicia por parte del chavismo, porque muchos de los reemplazos de los removidos fueron designados de manera opaca, pero además también es considerado como un hito del agravamiento de un problema histórico en los juzgados: la provisionalidad de los jueces.

En mayo de 2001, el TSJ decretó una reforma judicial en cuyo marco se inició el proceso de adjudicación de cargo de jueces mediante concursos de oposición, pero esta fue interrumpida.

Después, en 2005, ocurrió la tercera restructuración, que coincidió con la cuestionada ampliación del máximo tribunal que el chavismo impulsó al aprobar la Ley Orgánica del TSJ de 2004, en la cual se aumentó de veinte a treinta y dos el número de miembros del máximo juzgado con el objetivo de tener una mayoría de magistrados afines al partido de gobierno.

Con Omar Mora Díaz en la presidencia, en 2005 el máximo juzgado puso en marcha el Plan de Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial (Premius), cuyo objetivo era depurar el sistema judicial y acabar con uno de sus principales cuestionamientos: la provisionalidad de los jueces, que rondaba el 80%.

Durante esta nueva reforma unos 600 jueces provisorios fueron removidos, bajo el alegato de que estaban incursos en irregularidades o no probaron ser eficientes. No obstante, este proceso al menos consiguió uno de sus objetivos: reducir la provisionalidad.

Al año de la aplicación del Premius, 1.140 abogados superaron los concursos y se hicieron con un juzgado según cifras del TSJ. Sin embargo, estos concursos no fueron acordes al procedimiento exigido por la Constitución por no tratarse de concursos de oposición, sino de credenciales.

En 2009, bajo la presidencia de Luisa Estella Morales el máximo juzgado anunció otra «reestructuración integral del Poder Judicial» para combatir «a fondo la corrupción, la inseguridad y la impunidad». El balance de esta sacudida fueron decenas de jubilaciones anticipadas de jueces y su reemplazo mediante mecanismos distintos a los previstos en la Constitución.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La independencia del Poder Judicial es fundamental para una democracia. Como se ha visto desde que inició el chavismo, pero en especial desde que la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, ha quedado claro que una justicia controlada por el Gobierno «legaliza» sus abusos y dejar en estado de indefensión a la mayoría de los ciudadanos.

La justicia venezolana ha vivido en veinte años al menos cuatro grandes reformas y ninguna de ellas se ha traducido en un sistema más eficiente, transparente y accesible para los ciudadanos, por el contrario, lo que han servido es para facilitarle al chavismo el control del Poder Judicial.

La nueva reforma que Nicolás Maduro plantea contiene elementos de otras que antes ya se pusieron en marcha y que no se terminaron o no dieron resultados.

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