28
MAR
2014

Hay que aumentar la educación financiera en Latinoamérica

La poca formación financiera en América Latina y Estados Unidos representa una verdadera amenaza para el consumidor financiero en la región. No basta sólo contar con leyes, o instituciones, es fundamental que el usuario conozca cuáles son sus derechos, sus instituciones de defensa y sepa cómo actuar para defenderse.

Así lo expresó Daniel Perrotta, director de Asesoría para Bancos y Entidades Financiera (DP&A) S.A. de Argentina, quien además advirtió que el usuario en la región se encuentra ante un alto grado de desprotección, especialmente en el sector de prácticas abusivas, seguimiento de condiciones bancarias, casos de préstamos, créditos, leasing, depósitos, transferencias de fondos, cheques, pagarés, tarjetas de crédito, publicidad engañosa.

El experto destacó que Colombia es uno de los países que implementa un modelo muy importante de educación y protección, mientras que Perú ha logrado avances, pero son insuficientes los esfuerzos.

¿Qué tan protegido se encuentra el consumidor bancario?

En general, respondió, el consumidor financiero se encuentra en un alto grado de desprotección, situación que la agrava la falta o la limitada educación financiera. Evidentemente, hay tendencias hacia la evolución, por ejemplo, la Reforma Financiera de los EEUU que contiene 5 pilares, uno de ellos es la Protección al Consumidor Financiero que ocupa un lugar central. Si miramos América Latina, Colombia implementa desde 2009 un modelo muy interesante que incluye protección y educación. Perú ha logrado importantes avances en la materia. Chile, se encuentra en plena revisión de su modelo y Ecuador, Honduras y Panamá intentan dar algunos pasos. No obstante, en términos generales, el consumidor se encuentra desprotegido.

¿Cómo hacer para que el consumidor bancario esté y se sienta protegido?Desde nuestra óptica los mecanismos son dos y concurrentes: En primer lugar desde lo externo a las entidades es condición necesaria la existencia de un cuerpo normativo legal obligatorio que establezca pautas mínimas. Esto no alcanza si la protección al consumidor no es tema prioritario en la agenda del Supervisor Financiero, tanto a nivel estratégico como operativo, esto implica que no sólo figure como misión y objetivo estratégico, sino que además forme parte de los aspectos controlados en los procesos de supervisión.

El segundo mecanismo es propio de las entidades y de cómo éstas asumen la obligación. Es normal en nuestro medio entender todas las exigencias legales y normativas como un costo innecesario que obligan los organismos rectores a erogar. Esta visión limita los alcances al mero cumplimiento normativo, sin embargo, estos temas encarados bajo una óptica distinta pueden generar sin duda factores competitivos diferenciales. Entre más preparada esté una persona mejores herramientas tendrá para defenderse, en esa medida

¿Cuál es la mejor forma de implementar programas de educación financiera?

Un Programa de Educación Financiera debe ser considerado una estrategia a nivel nacional. Esto obviamente no es un asunto sencillo, pero la magnitud del reto lo requiere. Asimismo es fundamental lograr un alto entendimiento de aquellos componentes esenciales que estructuran un formato de educación financiera exitosa y finalmente lograr el compromiso y la adhesión, concreta y real, de todas las partes interesadas.

A la luz de estos considerandos básicos los programas deben diseñarse a medida de cada país. Sin embargo, en cualquier caso, deben dirigirse a toda la población, incluir todos los productos y servicios financieros y asegurarse continuidad en el tiempo.

A nivel de buenas prácticas y como modo de ejemplo, podemos citar la orientación no sólo a los clientes bancarios sino también a los usuarios de los servicios, la diferenciación entre estrategias de marketing e información y educación, la orientación hacia los niños futuros consumidores, entre otras tantas.

¿Son los bancos los principales responsables de educar o lo es el Gobierno?

Cómo decíamos, los programas exitosos dependen de una estrategia nacional, comenzando por el Estado como responsable de establecer una política de educación financiera, siguiendo por los supervisores financieros, organismos públicos competentes, organizaciones no gubernamentales, sector educativo, y por supuesto, las propias instituciones financieras.

¿Cuáles son los beneficios de la educación financiera?

Desde el punto de vista del país sin duda la educación financiera contribuye al desarrollo de mercados más estables. Mejores decisiones financieras reducen como mínimo los impactos y la profundidad de las crisis, contribuye a la transparencia de los mercados, favorece la competencia entre las entidades y fija nuevos escalones de exigencia a partir del cual competir, esto obviamente impulsa la innovación financiera, potenciando el desarrollo de nuevos productos y servicios con mayor calidad. Concluyó.