El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advirtió que las reformas aprobadas para combatir la defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas podrían constituir una violación a los derechos humanos.

En su estudio “Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa”, el IBD cuestionó la viabilidad de considerar dichas conductas como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional.

Información relacionada: Se descartan cambios en combate a “factureras”, Miscelánea puede ajustarse: PT Señaló, en este sentido, que uno de los retos será construir nuevas medidas legislativas que atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa, así como establecer la temporalidad de la misma.

De acuerdo con el estudio, será importante analizar medidas alternativas, como el arresto domiciliario o mecanismos electrónicos de seguimiento, así como establecer la obligación de realizar una audiencia previa a la imposición de la prisión preventiva por parte de las autoridades judiciales.

Ademas, el IBD resaltó que deben señalarse con claridad y certeza jurídica los elementos que conforman el delito de delincuencia organizada, ya que -de acuerdo con criterios de los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación– para que se actualice dicha conducta, debe comprobarse la intención de participar y organizarse de forma voluntaria y tener conocimiento de los fines.