En diciembre de 1998, se celebró con un renovado optimismo los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuevos conceptos como el de “jurisdicción universal”, el “derecho a la verdad” y la renovación de categorías del derecho internacional como el de un “derecho consuetudinario” enfocado a proteger a las víctimas de los delitos contra la humanidad, permitió contar con herramientas jurídicas enfocadas a perseguir con relativo éxito a violadores de derechos humanos en todo el mundo.
En primer lugar debe recordarse de dónde venimos, donde estábamos y qué ha pasado en la actualidad con la vigencia real –y no solo legal- de los derechos humanos y las garantías que sustentan su efectividad.
Hace poco más de 20 años, el mundo se conmovía con las decisiones del juez español Baltazar Garzón. El juicio contra el general Augusto Pinochet, detenido en Londres tras solicitarse su extradición desde Madrid, puso en perspectiva los graves abusos cometidos durante las dictaduras de los años 70 y 80 que en América del Sur, amparadas bajo la arbitrariedad y el uso para fines criminales de agencias estatales bajo el mando de Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay y el mismo Pinochet en Chile, asesinaron, torturaron y desaparecieron a miles de sus ciudadanos bajo la excusa de defender la civilización occidental contra el comunismo.
En diciembre de 1998, se celebró con un renovado optimismo los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuevos conceptos como el de “jurisdicción universal”, el “derecho a la verdad” y la renovación de categorías del derecho internacional como el de un “derecho consuetudinario” enfocado a proteger a las víctimas de los delitos contra la humanidad, permitió contar con herramientas jurídicas enfocadas a perseguir con relativo éxito a violadores de derechos humanos en todo el mundo.
A la vez, cuestiones como la nacionalidad, la migración y la redacción de nuevos pactos y convenciones que reconocieron el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y la responsabilidad de los Estados en la prevención de agresiones contra todas ellas en el ámbito público o privado, hizo sentir que el principio de progresividad influiría con renovado ímpetu en el papel de los Estados para lograr el avance de más y mejores garantías para proteger a las presentes y nuevas generaciones de seres humanos.
Pero los atentados terroristas ocurridos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 harían temblar los cimientos de una construcción política y jurídica que, tras el final de la guerra fría, había alentado mayores controles a los Estados y mejores garantías para la libertad individual. La lucha contra el terrorismo y conceptos de nueva data como el de la “guerra preventiva” y el desplazamiento de la diplomacia y el libre comercio por el uso preferente de la fuerza militar, hicieron del mundo un nuevo campo de batalla, como no se veía desde el fin de la segunda guerra mundial.
Lo que se derrumbó en Nueva York no solo fue el símbolo del comercio internacional, fue la convicción de que la legitimidad de los gobiernos descansaba en la justificación de su existencia como principal garante de los derechos humanos. Repentinamente, las omisiones de uno sirvieron para justificar las violaciones de otros, ya fuera en Chechenia, Somalia, la exYugoslavia y luego en Irak.
Cualquiera que fuera la agresión contra la humanidad, esta tendría una justificación –de nuevo- en razones de seguridad nacional, en las estrategias del libre mercado o en las necesidades del comercio global y de la tecnología, como sucede aún con los diamantes o la explotación del coltán en África. La dignidad humana ya podía esperar, la actuación del Estado y sus aliados se debían imponer.
Ya fuera por conveniencia, interés o una mezcla de ambas, los países más poderosos impusieron a los Estados más pobres o en vías de desarrollo un código de comportamiento basado en el respeto a los derechos humanos y a la libertad económica. No siempre funcionó la combinación de ambos aspectos. La contaminación del medio ambiente y los problemas sociales originados en la falta de derechos laborales y la consiguiente migración dan cuenta de ello. Sin embargo la dinámica permitía a la sociedad civil organizada, contar con parámetros de lucha y exigencia que ni siquiera cumplían sus mismos patrocinadores.
La lucha por los derechos humanos pasa una época difícil, de negacionismo estatal respecto a las que constituyen sus convicciones más profundas: libertad, igualdad y existencia de un límite a cualquier poder. ¿Quién emprende la lucha como hace 20 años?
