Una cuenta de $270 millones, yates y aviones son algunas de las propiedades en Estados Unidos que varias víctimas de las guerrillas de las FARC quieren embargar al testaferro venezolano sancionado por el Departamento del Tesoro por lavar indirectamente dinero de la droga de la organización guerrillera colombiana.

El empresario Samark López Bello, recientemente incluido en una lista de narcotraficantes más buscados del gobierno de Estados Unidos, niega rotundamente sus vínculos con el narcotráfico y como parte de su equipo de defensa ha contratado como consultor a un reconocido exfiscal de Miami que confrontó los argumentos de las víctimas.

El veterano exfiscal Dick Gregorie, quien hasta hace un año lideraba la ofensiva del gobierno federal al sur de la Florida en contra de los empresarios y funcionarios corruptos de Venezuela, tomó partido a favor de López al declarar en el caso legal que no existen pruebas de los vínculos del empresario con las FARC.

«No hay una sola evidencia, fuente o documento que demuestre que Samark José López Bello ha estado involucrado alguna vez en transacciones de narcóticos o haya realizado alguna transacción con un miembro de las FARC», asegura Gregorie, hoy director de Berkeley Research Group Global Investigation and Strategic Intelligence.

Del lado de los demandantes un experimentado exagente de la DEA implicó a López con la organización guerrillera en forma indirecta, aunque hasta ahora no se han presentado evidencias de transacciones que lo comprometan directamente.

López no afronta cargos de narcotráfico ni lavado de dinero en Estados Unidos. La única acusación formal en su contra es una denuncia penal de una corte federal de Nueva York donde se le acusa de violar la ley que le prohibía hacer negocios con empresas estadounidenses.

El litigio civil alrededor de la fortuna de López se inició en febrero de este año en la corte federal del Distrito Sur de la Florida. Cuatro contratistas estadounidenses secuestrados por las FARC en Colombia en febrero de 2013, y liberados cinco años después, pidieron el embargo de los bienes incautados al empresario en Estados Unidos.

Alegan que su fortuna está ligada con las FARC y para ello se basan en un comunicado de febrero de 2017 en el que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifico a López como testaferro de Tareck El Aissami, designado como narcotraficante por la misma entidad. En ese momento El Aissami ocupaba la vicepresidencia de Venezuela.

«López Bello es un testaferro clave de El Aissami y en esa condición lava dividendos de la droga», afirmó el comunicado del Tesoro de 2107, y agregó: «López Bello es usado por El Aissami para comprar ciertos bienes».

Jeffrey Kolansky, el principal abogado de López, dijo a Univision Noticias desde Filadelfia que su cliente ha sido víctima de una campaña de acusaciones que no han sido demostradas legalmente.

«López niega vehementemente que tenga o haya tenido que ver con el narcotráfico de cualquier manera o forma. El niega que haya sido un agente instrumental de las FARC», afirmó Kolansky. «Él (López) dice que es un hombre de negocios legítimo… y está dispuesto a responder cualquiera de los cargos presentados por OFAC o cualquier jurisdicción en Estados Unidos».

Kolansky explicó que existe una amistad de López con El Aissami desde hace 15 o 20 años y que la relación continúa en buenos términos, pero que «ellos nunca hicieron negocios en ningún momento», agregó.

Según el abogado, su cliente no se cansa de repetir: «Yo no soy un narco, yo no soy un narco, eso es López fue incluido el pasado 31 de julio en la lista de los 10 narcotraficantes más buscados junto con El Aissami, según la página oficial el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los demandantes están reclamando las propiedades de López con fundamento en un fallo de 2010 de un juez federal que los reconoció formalmente como víctimas del grupo rebelde bajo la Ley de Seguro de Riesgo de Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés).

La decisión les concede el derecho a ser compensados a través del embargo de cualquier propiedad incautada a las FARC. Aunque los guerrilleros llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, la organización continúa siendo catalogada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Las víctimas aspiran a una compensación de más de $318 millones.

Para ganar el caso, los abogados de los demandantes tienen que probar que López fue «un agente de instrumentalidad» de las FARC, un concepto de ley sin definiciones muy claras que incluye vínculos de apoyo financiero y de tipo logística, según los abogados de López.

En el caso de López, la fortuna que están persiguiendo a través del proceso civil está compuesta por una cuenta bancaria de $270 millones de dólares, aviones, yates y propiedades del empresario en Florida. Todos los bienes y dineros reclamados habían sido incautadas por la Oficina de Bienes Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro basándose en la ley Kingpin Act. Se calcula que las propiedades y fondos pueden sumar $500 millones.

El juez del caso ya autorizó la venta de los yates Waku I y Waku II, de López. El producto de la venta irá a las víctimas. La venta de las demás propiedades continúa en disputa.

Los contratistas demandantes Tom Janis, Tom Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, entre otros, alegan que los miembros de «la red de El Aissami y López Bello (…) son cada uno una agencia o instrumento de las FARC» lo mismo que del Cartel de los Soles, militares venezolanos involucrados en el narcotráfico.

Como antecedentes de esa relación, los demandantes citan testimonios de expertos como el exoficial de la marina de Colombia, Luis Miguel Cote, y el experiodista de The Washington Post,Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, LLC.

Basándose además en numerosos artículos de prensa y acusaciones federales, los demandantes aseguran que hay suficientes evidencias para demostrar que las FARC han trabajado en complicidad con el Cartel de los Soles en operaciones de transporte y exportación de los cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Europa o Centro América y de allí a Estados Unidos.

En ese punto no parece haber mayores discrepancias. El problema está en la supuesta conexión de López, las FARC y el Cartel de los Soles.

Esa relación, según lo declaró el exagente de la DEA Paul Craine se desprende del hecho de que López es testaferro de El Aissami, quien a su vez mantiene lazos con las FARC en el negocio de la cocaína.

Craine, quien acumuló 30 años de experiencia en la DEA, buena parte de ella en Colombia, describe a El Aissami como una pieza clave en la conexión de las FARC, la cocaína y el gobierno. El Aissami es hoy ministro de Industrias y Producción Nacional de Nicolás Maduro.

«El Aissami utilizó a su cómplice Samark López Bello y compañías de fachada de López Bello, como Yakima Trading Corporation, para lavar el producto de las ganancias de las drogas de la participación de El Aissami en el tráfico de los cargamentos de drogas de las FARC a través de Venezuela», escribió Craine en su declaración.

La defensa de López rechazó la caracterización de su cliente alegando que no ha tenido ningún vínculo con las FARC y que ni él ni sus propiedades han sido utilizados por la organización guerrillera. El gobierno de Colombia tampoco ha mencionado a López como miembro de FARC, agregan.

Para respaldar ese argumento, Archer & Grainer, la firma que representa a López, citó la opinión del exfiscal Gregorie, contratado como consultor. Además de eximir a López de mantener vínculos con las FARC, Gregorie agregó en su escrito de marzo pasado que tras revisar el comunicado de prensa de la OFAC de 2017 y los affidavits aportados por los demandantes, concluyó que el Cartel de los Soles «no es la FARC, sino ‘una organización que presuntamente está dirigida por altos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela'».

Gregorie se retiró de la fiscalía a principios de 2018, tras 42 años de carrera en el Departamento de Justicia. El admirado fiscal de bajo perfil coordinó los esfuerzos que culminaron con el encausamiento por narcotráfico contra el general panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en Miami en 1992. También dirigió las acusaciones en contra de los cabecillas de los carteles de Cali y Medellín.

En los últimos años, lideró la investigación y judicialización de empresarios, funcionarios y militares venezolanos que invertían en Estados Unidos dineros de la corrupción o estaban involucrados en el narcotráfico.

Gregorie, quien no asistió a la audiencia de pruebas del primero de agosto pasado, dijo a Univision Noticias que no tiene «ningún conflicto» de intereses al participar como asesor del equipo de la defensa de López.

Los analistas en favor de los demandantes Cote, Farah y el exagente de la DEA, Craine, ratificaron sus afirmaciones en una audiencia de pruebas de la semana pasada bajo los ataques de los abogados de la defensa que calificaron de especulativos gran parte de sus testimonios.

Farah afirmó que en 2016 «el nombre de López empezó a surgir en nuestros contactos con otras fuentes que describían diferentes estructuras de narcotráfico y cómo estaban lavando dinero». El analista agregó que López era «un actor clave en esas estructuras».

«Señor juez, pido que se retire esta declaración», dijo el abogado de López Jeffrey Scott en referencia al testimonio de Farah. «Es toda una especulación, es lo que ‘yo creo, creo y creo’. Él no ha presentado ningún respaldo».

El juez Scola negó la petición, pero se mostró muy interesado en conocer evidencias concretas de los nexos de López con el narcotráfico.

Scola le preguntó a Craine si la conexión entre López y las FARC requería que existiera un vínculo entre el empresario y El Aissami «por cuanto no hay una conexión directa, según lo que usted sabe, con la FARC, ¿es correcto?».

Craine asintió y el juez entonces reiteró si estaba de acuerdo entonces que la relación de López con las FARC era «indirecta».

«En mi opinión, sí», respondió Craine, pero esto no le restaba gravedad, según explicó el agente al responderle al juez la pregunta de si sabía qué tipo de apoyo le daba López a El Aissami.

«Apoyo financiero y apoyo para el lavado de fondos, la adquisición de propiedades, generalmente de naturaleza financiera», afirmó Craine.

La defensa no ha abordado en corte el tema del origen de la fortuna de López. Al momento de afrontar la sanción de la OFAC en 2017, el empresario de 44 años explicó que se dedicaba a negocios petroleros y de suministro de viviendas al gobierno de Venezuela.

Kolansky, abogado de López, aseguró a Univision Noticias que su cliente es un «eficiente y efectivo» empresario que acumuló su fortuna en negocios de construcción, petróleo y alimentos, aunque aclaró que esto último no tiene ninguna relación con el programa CLAP de comida que distribuye el gobierno venezolano y que ha sido fuente de escándalos de corrupción.

«PDVSA le debe cientos de millones de dólares», explicó Kolansky. «Él hizo su dinero como se hacía a la antigua, trabajando para ello», agregó.

El abogado explicó que su cliente vivía parte de su tiempo en Estados Unidos y otra en Venezuela.

En el proceso civil Citibank ha intervenido para que el juez defina cuál es el manejo que se le debe dar una cuenta de $270 millones que fue congelada por órdenes federales por tener como beneficiario indirecto a López y su empresa Yakima Trading Corp., según una moción radicada por el banco. Los demandantes pidieron una orden de embargo contra la cuenta.

Entre las propiedades perseguidas por las víctimas se encuentran además un avión Gulfstream 200 Luxury Jet; un Rolls-Royce de 2014, un Bentley Continental Coupe, un Ferrari y un Cadillac Escalade y tres locales en Millenium Tower de Brickell Avenue.

En mayo pasado, la procuraduría de extinción de dominio de República Dominicana y agentes federales de Estados Unidos allanaron dos villas en el complejo Verón, en Punta Cana, cuya propiedad atribuyeron a López.

Gregorie no ha sido el único exfuncionario de alto rango que se ha unido a la batalla legal de López.

Luego de que la OFAC impuso las sanciones en su contra el empresario contrató justamente al abogado que había sido el primer director de ese organismo, Richard Newcomb.

De acuerdo con Kolansky, Newcomb litigó a favor de López en la OFAC durante un año y medio hasta que fue reemplazado por su oficina con sede en Filadelfia.

Como lo informó Univision Investiga en febrero de 2017, López había contratado anteriormente a Newcomb para la elaboración de informes de auditoría (due diligence) de su patrimonio dado que en términos de la vigilancia financiera era percibido como una persona políticamente expuesta (PEP), por sus vínculos con el gobierno de Venezuela.

De acuerdo con fuentes de Univision Investiga, los reportes positivos de Newcomb facilitaron a López la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos y la suscripción de millonarios contratos de adquisición de materia prima para sus proyectos de vivienda en Venezuela.

Newcomb, quien actualmente trabaja como directivo del grupo de comercio internacional de la firma DLA Piper en Washington, renunció a OFAC en 2004.

Expertos consultados por Univision Noticias para el artículo publicado en 2017, dijeron que Newcomb no tenía ningún conflicto de intereses.