Ejércitos irregulares venezolanos progobierno han empezado a entrenar a civiles en combate armado, lo que muestra la relación simbiótica que existe entre el atribulado presidente Nicolás Maduro y los grupos armados que dependen de él para proteger sus intereses criminales.

El sitio de noticias Infobae publicó recientemente fotografías en las que aparecen miembros de las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) instruyendo a civiles en ejercicios de adiestramiento militar en el estado Venezolano de Apure, frontera con Colombia. InSight Crime recibió tuvo acceso a fotos similares sobre esta organización.

El adiestramiento supuestamente se hace en preparación para una eventuial invasión de fuerzas estadounidenses. Las imágenes también revelan la participación de funcionarios de gobiernos locales, como el delegado a la Asamblea Nacional Constituyente Orlando Zambrano y la mayor Ofelia Padrón.

El FPLN es la encarnación más reciente de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), grupo guerrillero que cobró notoriedad en 1992 por ataques a políticos presuntamente corruptos. La organización gozó de respaldo estatal en la presidencia de Hugo Chávez, lo que le permitió desmarcarse de los operativos militares y obtener cargos públicos para varios de sus miembros por medio del frente político, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ).

Como resultado de divisiones internas, el líder Jerónimo Paz rebautizó su facción como FPLN, con el ánimo de distanciar al grupo de la extorsión y criminalidad del pasado. Sin embargo, con la intensificación de la presión en el gobierno de Maduro, la organización saca a relucir que no ha perdido la disposición de usar tácticas guerrilleras y financiación criminal en defensa de la revolución bolivariana.

Las actividades de las FPLN en Apure demuestran cómo se entrelazan intereses políticos y criminales en los grupos armados que se congregan para defender a Maduro.

Campesinos de la región de Apure relataron a InSight Crime que las FPLN controlan el negocio ganadero en varios municipios del estado, mediante el cobro de extorsión a los ganaderos locales. El grupo también participa en el contrabando de ganado y gasolina de Venezuela a Colombia.

Líderes comunitarios en el municipio de Páez confirmaron que esta red criminal transporta combustible de contrabando al otro lado de la frontera por vía fluvial, y paga una tarifa al ejército por la autorización de paso. Hasta el cierre de la frontera colombo-venezolana, el grupo también cobraba altas sumas de dinero para garantizar el paso seguro a los usuarios del puente internacional José Antonio Páez.

El control del FPLN sobre estas economías se ve facilitada por su cooperación con las fuerzas de seguridad y la penetración de las instituciones estatales. En una entrevista con InSight Crime, la periodista local Sebastiana Barráez afirmó que por medio del CRBZ, las FPLN dirigen las plataformas comunitarias de la región y controlan directamente las alcaldías de los siete municipios del estado.

La presencia de la organización en Apure se ha afianzado desde que el exvicepresidente Ramón Carrizalez asumió la gobernación del estado en 2011. Carrizalez afronta actualmente sanciones de Estados Unidos por represión de las protestas y bloqueo de la ayuda humanitaria a Venezuela. Según Barráez, y ha enfrentado críticas incluso de sus copartidarios chavistas por sus estrechos nexos con el FPLN.

El adiestramiento de civiles por parte del FPLN constituye nueva evidencia de cómo el atribulado gobierno de Maduro depende de grupos armados irregulares dispuestos a defender la administración que protege su acceso a economías criminales. Este panorama, sin embargo, es fracturado y volátil. Las FPLN se han disputado por mucho tiempo el territorio de Apure con grupos guerrilleros colombianos, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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