El abogado de uno de los hombres más poderosos del país entre el 2000 y el 2012 cree que su difícil situación jurídica y penal se debe a que la Fiscalía vulnera derechos fundamentales del presidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno de España en la era Aznar.
De hecho, el letrado de Rodrigo Rato ha solicitado en la Audiencia Nacional la libre absolución de su cliente al argumentar, entre otros motivos, que la Fiscalía Anticorrupción ha vulnerado su derecho a la defensa incluyendo a última hora una supuesta falsedad contable que no era objeto del juicio.
Para el abogado se está viviendo un «fraude procesal» que también ha denunciado la defensa del exconsejero de BFA y exministro del Interior Ángel Acebes.
Es bueno recordar de dónde viene la difícil situación de Rato. La Oficina Antifraude ha constatado que Rodrigo rato habría defraudado cerca de 6,8 millones de euros a la Hacienda española entre 2004 y 2015. Según consta Rodrigo Rato habría obtenido unos beneficios de 14 millones de euros por el movimiento de capitales en el extranjero “ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas; rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de actividad empresarial”. Todos ellos gastos no deducibles.
Todos estos movimientos fraudulentos se habrían llevado a cabo a través de los despachos de abogados Findsbury Trust, de Gibraltar, y Plazas, de España, y con las empresas Kradonara y Vivaway que aparecen en otros informes.
Las tarjetas black fueron ya la perdición de Rato, así como su empeño con delirios de grandeza de salir a bolsa con Bankia cuando conocía que la entidad financiera no contaba con la solvencia económica y estabilidad para hacerlo.
También apareció Rodrigo Rato en los Papeles de Panamá. A través del despacho gibraltareño Findsbury Trust se contactó con Mossack Fonseca a fin de disolver otras dos empresas fantasma que disponía el ex-presidente de Bankia, Red Rose y Westcastle Corporation.
Ambas sociedades habían sido utilizadas por Rato durante más de veinte años para defraudar al fisco español y esconder su fortuna personal. Después de descapitalizarlas, esto es, retirar los más de tres millones de euros que tenía depositadas en ellas, inició el proceso de cierre de las mismas. Este dinero fue transferido a Vivaway que tampoco tiene residencia fiscal en España.
