Del escándalo a la tragedia. El suicidio del expresidente peruano Alan García, cuando estaban por arrestarlo por presuntos sobornos de Odebrecht, parece simbolizar el drama que ha implicado en Perú, no sólo la lucha contra la corrupción y la impunidad, sino evidenciar la podredumbre de la clase política, y su reacción desesperada para ya no sufrir “injusticias y vejámenes”, tal y como el propio García escribió en su carta de despedida.

La gigante brasileña Odebrecht (conglomerado de empresas de construcción, infraestructura, inmobiliarias, petroquímicos y transporte, presente en 28 países, con 168 mil empleados) es la protagonista, probablemente, del mayor caso de corrupción en la historia internacional, al descubrirse que sobornó, a través de instituciones como la banca Privada d’Andorra, a presidentes, primeros ministros y altos funcionarios de diez naciones latinoamericanas (incluido México), a cambio de adjudicaciones de obra, y de ganancias por 3,336 mdd.

Según el Departamento de Justicia de EU, dicha compañía pagó, entre 2001 y 2016, 788 millones de dls en comisiones por más de 100 proyectos de construcciones públicas, no sólo en la región, sino en Angola y Mozambique y, al declararse culpable, recibió una multa por 2,600 mdd, una de las penalizaciones más elevadas en la historia por ese tipo de delitos. Parte del acuerdo consistió en que ejecutivos de Odebrecht darían a conocer casos de sobornos en otras naciones.

En Perú se reveló que las prácticas corruptas de Odebrecht abarcaron los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011- 2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-18).

Como parte de los acuerdos con la justicia peruana, dicha firma reconoció que pagó 32 millones de dls en sobornos para obtener los contratos de la carretera interoceánica sur, la línea 1 del Metro de Lima, la vía Circunvalación en la ciudad de Cusco y la Costa Verde del Callao.

Por ejemplo, durante el mandato de García, quien fungía como director de Ositran (organismo público que coordinaba infraestructura de transporte), Juan Carlos Zevallos, gestionó para que la carretera interoceánica sur (obra de 1,400 mdd) fuera ejecutada por dicha corporación, a cambio de un depósito de 780 mil dls. También se divulgó que: Odebrecht financió las campañas de Keiko Fujimori, García, Toledo, Humala y Kuczynski; a Toledo se le pagaron sobornos por 20 millones de dls; García recibió 100 mil dls para la concesión del Metro peruano; Humala y su esposa, Nadine Herrera, son investigados por lavado de dinero; compañías de Kuczynski (cuando era ministro de Toledo) recibieron 4.8 millones de dls por servicios de consultoría…

Ante estas y otras escandalosas revelaciones, Odebrecht pactó un acuerdo de culpabilidad y aceptó indemnizar a Perú con 228 millones de dls en 15 años por sobornos en obras públicas, y se comprometió a saldar este año 134 millones de dls de deuda tributaria, a una entrega ilimitada de pruebas, aunque, si se comprueban más casos de corrupción, se deberá pagar mayor reparación.

La justicia peruana busca reparar el quebranto financiero y patrimonial (incluso se han incautado bienes de expresidentes), pero, sobre todo, al encarcelar a exmandatarios (Humala ya pisó la cárcel, y Kuczynski, en arresto domiciliario, tres años) y otros destacados políticos corruptos sienta un precedente ejemplar para combatir la corrupción y la impunidad. En ello ha sido fundamental una valiente fiscalía independiente, una activa sociedad civil y, principalmente, la voluntad presidencial.

ALD/Excelsior